El Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires sentenció además a la misma pena al coronel retirado Bernardo Menéndez y absolvió a los ex militares Felipe Alespeiti, Humberto Lobaiza y Teófilo Saá.
Olivera Róvere, de 82 años y mano derecha de Carlos Suárez Mason, uno de los símbolos de la dictadura, y los otros antiguos militares fueron juzgados a partir febrero pasado por más de 120 secuestros y desapariciones en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.
Sólo nueve de las víctimas sobrevivieron y, entre quienes no tuvieron esa suerte, están el escritor argentino Haroldo Conti, los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Rodríguez Ruiz, y los guerrilleros tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.
La mayoría de las víctimas estuvo detenida ilegalmente en los centros clandestinos conocidos como Atlético, Banco, Olimpo y Automotores Orletti.
Luis Bonomi, uno de los abogados de la acusación, consideró “indignante” el fallo de los jueces, a los que cuestionó duramente por las tres absoluciones y por permitir que los dos condenados permanezcan en libertad hasta que la sentencia sea reafirmada por un tribunal superior.
Antes de escuchar el veredicto, Olivera Róvere, que llegó al juicio excarcelado, dijo no haber impartido órdenes que “lesionaran los derechos humanos” y consideró que hubo una “mendaz exageración” de la represión, que dejó 30.000 desaparecidos, según los organismos humanitarios.
El fiscal federal Félix Crous había solicitado en sus alegatos cadena perpetua para Olivera Róvere y para Menéndez, y 25 años de prisión para Alespeiti, Lobaiza y Saá.
La audiencia final fue seguida por numerosos familiares de los acusados e integrantes de organismos humanitarios, que reaccionaron con indignación al conocer la sentencia.
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