Juristas españoles prefieren el modelo alemán de partidos políticos

A preguntas sobre la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), catedráticos y profesores de Derecho Constitucional y Ciencia Política participantes en unas jornadas en Mérida han incidido en los efectos de la decisión adoptada por Tribunal Supremo (TS), según consigno la agencia EFE.

Para Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, la sentencia es una consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y una continuación de la que ya hubo en su día sobre Batasun.

Bastida considera que “no se puede decir que ANV o Batasuna se disuelven, porque hacen el juego político a una organización terrorista, y que no se hayan disuelto por el Código Penal“.

“Esa es la vía y el Tribunal Constitucional dice que eso es correcto, por lo que no veo por qué no va a adoptarse esa otra consecuencia”, ha insistido Bastida, quien ha recordado que en Alemania si un partido político es ilegalizado, la consecuencia última es que los representantes de esos partidos pierden su escaño.

En su opinión, si se ejerce ese tipo de actividad, los diputados no sólo deben quedar privados del escaño, sino que también debería estar sometidos a un procedimiento penal.

En el mismo sentido se ha pronunciado Francesc Pallarés, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra, que ha suscrito las opiniones de su colega sobre los problemas que contiene la ley de partidos y las posibilidades de la vía penal que, en su opinión, sería la “más adecuada”.

Para Javier Tajadura, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, la sentencia no sorprende y pone de manifiesto que ANV “es ilegal en su conjunto”.

No obstante, cree que la demanda debería haberse presentado antes y que fue un error impugnar sólo algunas listas de ANV, como “si parte de ANV fuera ilegal y otra legal”.

A su juicio, la ley de partidos era necesaria, porque con la anterior no había ningún modo de garantizar la sujeción de los partidos a la Constitución, pero tiene unos efectos, porque “no se fue políticamente consecuente ni jurídicamente coherente”.

“No había que haber inventado nada nuevo, había que haber adoptado el modelo alemán, que lleva funcionando desde 1949 perfectamente, y que atribuye al TC la misión de declarar inconstitucional los partidos con todas las consecuencias”, ha subrayado.