La deuda pendiente de cobro incluye la deuda en Ejecutiva (aquella que no reconocen los ciudadanos y Hacienda reclama y persigue) y la deuda voluntaria (aquella que sí reconocen los ciudadanos, pero para la que han solicitado algún tipo de aplazamiento porque no pueden hacerle frente).
Pedroche explicó que 13.000 millones del total están aún en manos de los tribunales, que tienen que decidir si el ciudadano tiene o no que hacer frente al pago, 3.000 millones corresponden a deuda ya declarada por los contribuyentes, 2.200 millones son pagos aplazados, 4.500 millones están en fase de notificación y 7.500 millones se encuentran en proceso de embargo.
Pedroche aseguró que ésta es una de las prioridades para la Agencia Tributaria y aseguró que trabaja en la dirección establecida en el Plan de Prevención de 2005, centrado en diferentes ámbitos y poniendo el énfasis en los mayores fenómenos de defraudación.
Aseguró que la Agencia tiene identificados los fenómenos “más graves”, a través del uso de distintas herramientas de identificación que se han reforzado en los últimos tiempos.
No obstante, reconoció que la investigación es costosa en tiempo y efectivos, motivo que ha supuesto alguna reducción de este tipo de actuaciones inspectoras.
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