El máximo responsable de la Dirección General de Seguros (DGS), Ricardo Lozano, informó que los primeros contactos con los organismos públicos y privados afectados por la reforma del baremo tendrán lugar el próximo 24 de noviembre.
La DGS, dependiente del Ministerio de Economía, tiene previsto proponer a debate la necesidad de actualizar “la valoración de las secuelas más allá del IPC y de acuerdo con la evolución del nivel del vida en España”.
Además, planteará la posibilidad de que las indemnizaciones tengan en consideración de forma “definitiva” el lucro cesante, es decir, lo que deja de ganar la víctima en caso de que los daños sufridos le incapaciten para ejercer su labor profesional.
El actual baremo, nacido en 1991 y que se aplica de forma obligatoria en las indemnizaciones de accidentes de tráfico desde 1994, contempla la posibilidad de compensar por el lucro cesante pero no de forma generalizada, lo que ha sido muy criticado por algunos sectores.
En cambio, las aseguradoras advierten de que las indemnizaciones se pueden disparar por culpa de la generalización del lucro cesante, lo que provocaría un alza generalizada de los precios de las pólizas.
Respecto a la reforma del baremo, la DGS también considera que el sistema actual “no ampara suficientemente” ciertos supuestos “derivados de los cambios en el modelo de la familia tradicional”, como la consideración de la existencia de una pareja de hecho en la fijación de las indemnizaciones.
El organismo regulador y supervisor del sector asegurador incluirá en el debate las reclamaciones que le han trasladado ya algunas asociaciones para que una parte de los pagos de las indemnizaciones se hagan en forma de renta.
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