La sentencia, sobre la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), reconoce el derecho a este seguro al personal laboral contratado a partir de abril de 1993.
La medida deja sin efecto el acuerdo del gobierno municipal.
La alcaldesa recurrirá la decisión judicial. “Estamos seguros de que los jueces entenderán que no es una decisión arbitraria, sino necesaria para dar viabilidad a los presupuestos”, dijo.
El equipo de Muñoz suprimió este seguro a unos 1.500 trabajadores, entre personal laboral y funcionarios.
Los últimos también han recurrido la medida, pero en vía contenciosa administrativa.
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