Los magistrados consideran que vulnera la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, en esta ocasión procedentes de juzgados de Valencia y Albacete, según informó el Boletín Oficial del Estado.
En concreto, se admiten dos cuestiones planteadas por el Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia y el Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete sobre los artículos 153.1 y 171.4 del Código Penal, y otras dos del mismo juzgado albaceteño sobre los preceptos 172.2 y 148.4 del Código Penal.
Todos estos artículos se vieron modificados con la aprobación de la nueva norma, hace ahora cuatro años y según los jueces, podrían vulnerar una decena de preceptos de la Constitución Española porque endurecen los castigos para los hombres que lesionen, coaccionen o amenacen cuando la víctima “sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”.
Según las cuestiones planteadas, estos artículos podrían entrar en conflicto con la Constitución en sus preceptos 1.1, 9.1, 9.2 y 9.3, 10, 14, 17, 24.2 y 25.1, por entender que se produce una discriminación de género al tipificar el delito de amenazas del hombre a la mujer y no a la inversa, frente a la igualdad de todos ante la ley que impone la Carta Magna.
En la actualidad, unas 150 cuestiones de inconstitucionalidad bloquean en la actualidad la completa aplicación de la Ley Integral en espera de un pronunciamiento del Alto Tribunal que disipe las dudas que algunos jueces sostienen sobre la aplicación de ciertos artículos. Esto supone que unos 150 procedimientos judiciales de mujeres denunciantes de violencia de género están por el momento en suspenso.
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