Entre los arrestados, la mayoría de ellos entró en la cárcel tras la entrada en vigor, el pasado 2 de diciembre, de la reforma penal que castiga con penas de prisión a los conductores temerarios.
La Fiscalía puso en marcha esta medida porque consideraba que la respuesta penal contra la “violencia vial” era hasta entonces “desproporcionadamente baja”.
Gran parte de los condenados más leves, aquellos cuya condena no implica entrar en la cárcel, “no está cumpliendo los trabajos en beneficio de la comunidad porque no hay suficientes plazas”.
La Fiscalía calcula que sólo el 20 por ciento de los reos está realizando las labores sociales que el juez le ha impuesto, aunque esta cifra “varía en función de la comunidad autónoma”, como puede ser el caso de Cataluña, “donde el sistema funciona razonablemente bien”.
Ante este “importante atasco”, las mismas fuentes alertan de que si las administraciones competentes no toman las medidas necesarias, “las penas empezarán a prescribir”, algo que ocurre al año de haberse dictado la sentencia.
La Fiscalía de Seguridad Vial está estudiando la posibilidad de obligar a aquellos conductores que de forma reincidente superan las tasas de alcohol “a que instalen en su vehículos el ‘alcolock’”, un sistema que impide a los conductores borrachos arrancar el coche.
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