“Estamos observando y manteniendo un registro de las ejecuciones extrajudiciales, parece ser que esta práctica es sistemática”, afirma.
Según Pillay, estas muertes podrían ser delitos de lesa humanidad y, por tanto, perseguibles por el Tribunal Penal Internacional (TPI).
La funcionaria aclara, sin embargo, que estos casos sólo pueden ser procesados en el TPI cuando la justicia local no actúa para esclarecer los delitos y castigar a los responsables.
En este sentido, Pillay destaca como hecho positivo la voluntad que tiene el Gobierno del presidente Álvaro Uribe de aclarar los hechos de las ejecuciones extrajudiciales.
El mandatario, que se reunió con la representante de la ONU durante su visita al país, ordenó esta semana la destitución de 27 oficiales y suboficiales del Ejército implicados en la desaparición y muerte de un grupo de jóvenes en el sur de Bogotá.
En su informe, la comisionada hace también referencia a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que exige la liberación inmediata de los rehenes que están en su poder, algunos con más de seis años de cautiverio a sus espaldas, y advierte de que “la toma de rehenes, en la que las personas son mantenidas en las condiciones más infrahumanas (…), puede ser considerada un crimen de lesa humanidad”.
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