Los artistas piden que los partidos políticos cumplan con el canon digital

La denuncia, presentada por el abogado Josep Jover en nombre de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE), parte de una premisa: si un DVD soporta un canon de “hasta 1,2 euros”, el millón repartido por CiU durante la campaña hubiera significado el pago de 1.200.000 euros en concepto de canon, lo que representaría un tercio del presupuesto declarado por el partido para dicha campaña.

Según la denuncia, dicha cantidad “no consta en la liquidación correspondiente al proceso electoral” ni tampoco está contabilizada en los informes de gestión de las entidades de gestión de derechos de autor.

Jover, en nombre de sus representados, asegura que la ley obliga a desglosar en cada factura el gasto correspondiente al producto en sí (un DVD, en este caso), al IVA y al canon digital al que está sujeto y que los partidos, en tanto que entidades públicas, también deben presentar dicho desglose en sus cuentas.

“Tienen la obligación de presentar ese desglose”, asegura Jover, “y si lo han pagado y no les han dado una factura desglosada, de reclamarla”. El abogado concede que los partidos pueden haber abonado el canon al comprar los DVD, pero también cree que ellos son los primeros que deben cumplir con la ley.

El caso de CiU es sólo un ejemplo. Jover, en su denuncia, va más allá. “El PSOE ha actuado y actúa como una verdadera fábrica de DVD en todos los niveles de sus estructuras: local, regional, autonómico y estatal” lo que significaría, sólo a nivel municipal, “diez millones de DVD al año”… y eso multiplicado por 15.

Y es que el derecho de autor tiene un carácter “civil, irrenunciable y reclamable por parte de los autores y de las entidades que representan con un plazo de prescripción de 15 años”.

Ningún partido se libra en la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas del Reino. Así, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, repartió 998.000 vídeos en DVD para promocionar las obras de soterramiento de la M30 con un coste declarado de 420.000 euros cuando, según los denunciantes, sólo en concepto de canon deberían haberse abonado 1.119.760 euros (más IVA).