Los docentes de religión arrastran a los obispos a los tribunales

Los profesores de religión -unos 15.000 sólo en la escuela pública- son seleccionados por los obispos para cada curso escolar, pero contratados y pagados por el Estado con los mismos derechos que el resto de los profesores interinos. La Ley Orgánica de Educación les concede, además, el amparo expreso del Estatuto de los Trabajadores.

Los prelados sostienen, en cambio, que pueden despedir a esos docentes como si fueran catequistas, es decir, sin explicación alguna, o por causas como casarse por lo civil, participar en huelgas legales o vivir maritalmente sin estar casados por la Iglesia.

El Gobierno ha terciado en la disputa. “Son varios y contundentes, por no decir definitivos, los argumentos que deben llevar a las administraciones educativas, y han llevado a la Administración General del Estado, a la decisión de reconocer el complemento de antigüedad o trienios a este personal”. Lo afirma el Ministerio de Educación y Ciencia en una llamada Nota remitida ya a varios gobiernos autónomos.

Los tribunales de justicia han terciado cientos de veces en esta disputa, con sentencias contradictorias, avaladas algunas por el Tribunal Constitucional en el sentido de reconocer a los obispos, en algunos casos, su derecho a despedir a docentes cuya vida personal contradiga las lecciones de moral católica que deben impartir a sus alumnos.

El nuevo campo de batalla judicial lo es por dinero, pero también por principios. Los prelados se resisten a pagar complementos por antigüedad a unos docentes cuyos contratos deben ser renovados para cada curso escolar en cada diócesis. Ésa es, al menos, su idea, pese a que la mayoría de los profesores de religión lleva años, incluso décadas, ejerciendo esa función a satisfacción de sus empleadores y con contratos indefinidos de facto.

Varios gobiernos regionales, como contratantes y pagadores, aceptan el criterio de los obispos sin rechistar o de buena gana, porque se ahorran millones de euros cada año y, sobre todo, porque no quieren conflicto con la diócesis que les facilita ese personal docente.