La presidencia eslovena dijo que espera que el Parlamento Europeo ratifique la norma durante el pleno que celebrará la tercera semana de junio. Si esto ocurre, concluirían así todos los trámites y la denominada directiva de retorno se aprobaría en primera lectura.
Los embajadores de los Veintisiete resolvieron el miércoles el último punto pendiente, la cuestión de quién asume los costes de la asistencia legal de los inmigrantes que no pueden pagarla.
Varios países, encabezados por Alemania, Austria y Grecia, se negaban a que la asistencia jurídica gratuita fuera una obligación, y por ello se había dejado la decisión en manos de cada Estado miembro.
Sin embargo, los representantes del Parlamento Europeo protestaron y exigieron que se recogiera en la directiva la gratuidad.
Los embajadores lo han aceptado pero estableciendo una serie de salvaguardas que ya aparecen en la directiva sobre refugiados.
Además, este principio entrará en vigor un año más tarde que el resto de la directiva. Asimismo, la Comisión se compromete a facilitar ayudas comunitarias para cubrir estos gastos y a elaborar un informe en el plazo de tres años sobre la aplicación de esta disposición.
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