Los jueces salvan sus errores con multas económicas

La Comisión Disciplinaria del CGPJ ha sancionado al juez Ángel Luis del Olmo con 7.500 euros por abuso de autoridad y desconsideración a los funcionarios, según confirmaron fuentes judiciales.

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15/09/08 , Redacción | 4 respuestas

Del Olmo es juez titular del Juzgado de lo Social de Talavera de la Reina (Toledo). Se le han impuesto sendas sanciones de 5.000 y 2.500 euros por multar injustificadamente al secretario del juzgado y por la falta de higiene de la que se quejaron los funcionarios judiciales.

La situación del Juzgado toledano era de colapso debido al comportamiento del juez ahora sancionado, informó el diario El Mundo. Varios miembros de la platilla estuvieron con bajas médicas por depresión y los enfrentamientos del titular con los funcionarios eran constantes, según las fuentes.

En el caso del juez sevillano Rafael Tirado, su “falta grave”, el retraso en la ejecución de una de las 600 sentencias bajo sus responsabilidad, tuvo como resultado que un hombre que debía estar cumpliendo condena en la en cárcel se encontrara en libertad y en ese tiempo, presuntamente, asesinara a la niña onubense.

En declaraciones a la agencia Europa Press, Ángel Luis del Olmo, negó haber cometido abuso de autoridad y dijo tampoco tener halitosis.

El magistrado, que recurrirá la decisión de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, aseguró que se ha producido una resolución “que no conozco y que se ha filtrado antes de que lo sepa el interesado, que soy yo”.

Del Olmo afirmó que los hechos que se le atribuyen “están probados de una manera muy débil”. En primer lugar, “porque los denunciantes no pueden ser testigos de la denuncia, ya que ni se multó al secretario, sólo se le impuso una obligación de no hacer, con advertencia de multa”.

“No soy un juez negligente, yo trabajo, pongo mis sentencias en plazo y llego al juzgado de la mejor manera posible, funcionando razonablemente bien”, apostilló.

En su opinión, la sanción es “totalmente desproporcionada, porque se me ha puesto el máximo grado sin pruebas claras, al ser muy discutible la tramitación y la prueba que se ha practicado”. Finalmente, el magistrado negó que pronunciara frases como que “la ley soy yo” o que “aquí se hace lo que yo digo”.

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