Las cifras reflejan que existen 110.000 personas cuyas comunidades autónomas ni siquiera han analizado su caso.
Las autonomías más retrasadas a la hora de valorar a las posibles personas dependientes son: Islas Baleares, que sólo ha estudiado el 20,5 por ciento de las solicitudes, Galicia (31,4%), Asturias (35,8%), La Rioja (36,7%).
A mayor distancia, con más de la mitad de los casos analizados, se encuentran Canarias (68,4%), Comunidad Valenciana (69,2%), Navarra (71%), Melilla (72%), Castilla-La Mancha (77,1%), Extremadura (79,2%), Ceuta (82,6%), Aragón (84%), Cataluña (86%), Madrid (89,6%), Cantabria (90,2%) y Castilla y León (97,4%).
Además, existen dos comunidades que han valorado al ciento por ciento de las personas de sus autonomías que lo han pedido, se trata del País Vasco y Murcia.
Según el informe del IMSERSO, dependiente del nuevo Ministerio de Educación, Política Social y Deportes, el 65 por ciento de los demandantes son mujeres (218.459), de las que la mayoría tiene más de 81 años, y el 35 por ciento son hombres (115.613), cuya edad de solicitud se incrementa a partir de los 66 años.
De las 374.000 solicitudes, Andalucía es la comunidad autónoma que más demanda registra, con 133.105 peticiones (35,59 por ciento), seguida de Galicia (38.577), Cataluña (37.159), Castilla-La Mancha (25.309). Por el contrario, La Rioja (5.251), Murcia (5.969) y Cantabria (6.319) han sido las regiones con menos demanda.
En el resto, los datos son los siguientes: Aragón (16.363), Asturias (16.953), Baleares (10.486), Canarias (13.826), Castilla y León (10.389), Comunidad Valenciana (10.163), Extremadura (10.436), Madrid (11.144), Navarra (14.152), País Vasco (6.754). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se registraron 673 y 992, respectivamente.
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