El Gobierno aprobará las medidas legislativas para implantar en toda España la nueva Oficina Judicial, que pretende reorganizar el trabajo en los juzgados y hacer recaer las tareas más administrativas en los secretarios judiciales para que los jueces puedan concentrarse en juzgar.
Esta iniciativa supondrá la modificación de una veintena de leyes, algunas de ellas orgánicas.
Además, propondrá un endurecimiento de las penas para los delitos sexuales y la creación de un registro de pederastas, asuntos en los que están trabajando ya los técnicos del Ministerio de Justicia y que serán consensuados con el PP.
El Ministerio también lleva meses trabajando en la nueva Ley de Protección de las Víctimas del Terrorismo, donde PSOE y PP han acordado incluir la obligación de que todas las administraciones públicas retiren toda mención a etarras en calles.
El proyecto se presentará en los próximos meses pero su tramitación parlamentaria podría prorrogarse un año.
El Ejecutivo prevé presentar el próximo otoño un proyecto de ley orgánica para regular los consejos autonómicos de justicia, un proyecto de ley que no consiguió sacar adelante en la pasada legislatura.
El PP sigue viendo con recelo la existencia de estos órganos, que están previstos en todos los Estatutos de autonomía nuevos, aunque sólo el catalán desarrolla ampliamente sus atribuciones.
Los socialistas quieren retomar este asunto y, como en 2005, proponer una única regulación por ley orgánica de todos los consejos autonómicos, dejando claro que no se pone en cuestión la unidad del Poder Judicial y que, por eso mismo, los consejos autonómicos tendrán las funciones que delegue en ellos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
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