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Según fuentes fiscales, el documento de la juez de Valdemoro no contiene elementos que permitan deducir que la presidenta del Constitucional incurriese en asesoramiento ilegal, ya que se limitó a facilitar a su interlocutora los teléfonos de dos abogadas especializadas en asuntos de malos tratos a mujeres.
Magistrados del Supremo restaron importancia al incidente, que adelantó, aunque coincidieron en que se trata de una “historia desgraciada”. En la conversación intervenida por la Guardia Civil, la presidenta llamó a la abogada Martín para interesarse por los supuestos malos tratos sufridos por ésta y de los que Casas había sido puesta en antecedentes por una amiga común.
Martín le relató la típica historia judicial enrevesada, a la que Casas sólo aportó algún comentario “genérico”, según los citados medios. En un momento dado, la abogada le comentó que su marido “había muerto” hacía días; y cuando la presidenta se interesó por las circunstancias, Martín le respondió que a ella la estaban investigando por esa muerte.
Casas, que lógicamente no tenía idea de que a su interlocutora la estuviesen investigando, extremó las precauciones y concluyó la conversación diciéndole que el tema era muy complejo y que ella no le podía ayudar.
Fuentes del Supremo señalan que “asesoramiento es algo más que tratar de ayudar a alguien que tiene un problema y mantener una conversación en términos genéricos”. Estas fuentes pusieron en duda que la Guardia Civil deba transcribir una conversación de la presidenta del Constitucional que obviamente no afectaba a las investigaciones sobre el crimen de Miguel Ángel Salgado, el marido de la sospechosa. Respecto de la juez de Valdemoro, criticaron duramente que haya utilizado algo que no tiene interés para la causa y que debió apartar de ella.
Fuentes de la Guardia Civil matizaron que, según lo grabado, Casas telefoneó a la abogada y le dio “consejos” de cómo recuperar la custodia de su hija. El alto tribunal, en una ponencia del magistrado Manuel Marchena, dictaminará ahora si Casas incurrió en alguna irregularidad.
La abogada Martín, que se halla presa, estaba siendo investigada por contratar supuestamente a unos matones para que asesinaran a su ex pareja, que recibió tres disparos el 14 de abril de 2007, sólo horas después de serle otorgada la custodia de su hija por un juez. La separación matrimonial fue muy conflictiva. Tras el asesinato, el Juzgado 5 de Valdemoro permitió a la Guardia Civil que pinchase el teléfono de Martín, la ex esposa, y de otras personas de su entorno. Entre los teléfonos interceptados estaba el de Eloy Sánchez, supuestamente la persona a quien la abogada Martín encargó que contratase a los matones.
Eloy Sánchez, que también está preso, es la persona a quien la actriz Ana García Obregón telefoneó y encargó que buscase a unos matones para dar una paliza al presentador de Antena 3 Jaime Cantizano, según informó esta semana Interviú. Sobre esta última llamada, la juez de Valdemoro ha abierto otra causa.
[…] pero en los últimos minutos la realidad quiso rebelarse. Así son las finales, nadie puede asegurar el resultado a pesar de las múltiples evidencias que […]