Las negociaciones se trabaron la última semana, cuando no alcanzaron ningún acuerdo que permita una salida a la huelga de funcionarios que comenzó el pasado día 4 de febrero en todos los organismos judiciales que no han sido transferidos a las comunidades autónomas, tras una reunión que se ha prolongado durante más de trece horas.
El Ministerio explicó en un comunicado que la interrupción de la negociación se debió a discrepancias entre ambas partes sobre aspectos como la recuperación del trabajo acumulado a causa de la huelga, ya que los sindicatos quieren que sea dentro de la jornada laboral con la consideración económica de horas extras.
Por su parte, los sindicatos destacaron en un comunicado que trasladaron al Ministerio “su firme voluntad” de alcanzar un acuerdo e incidieron en que durante el encuentro han procurado “por todos los medios” que la Administración reconociera sus reivindicaciones, “incluso produciéndose importantes avances en la confección del documento que podía servir para acabar con el conflicto, como ha sido en la redacción de uno de los puntos más importantes para garantizar el restablecimiento del servicio público con garantías para los trabajadores”.
En el encuentro no se produjo ningún avance respecto a las reivindicaciones económicas. Mientras el Ministerio lamentó que los representantes sindicales no ofrecieran una propuesta económica diferente a su reclamación para una homologación salarial con los funcionarios dependientes de las administraciones autonómicas, lo que se traduciría en una subida mensual de 200 euros en los dos próximos años, los sindicatos criticaron que Justicia no hiciera ninguna nueva oferta.
Durante las ocho semanas de huelga, el Ministerio ha ofrecido seis propuestas diferentes que suponen un incremento lineal de 180 euros mensuales, de los cuales se cobrarían 110 con efectos de 1 de enero de 2008 y el resto a partir de abril de 2009. Durante los últimos cuatro años, los funcionarios de Justicia han visto ya incrementados sus salarios en un 20%, recordó el departamento de Mariano Fernández Bermejo.
A cambio de estas mejoras salariales, el Ministerio exige una serie de contrapartidas encaminadas a la mejora del funcionamiento de la Oficina Judicial y la aplicación de nuevas herramientas informáticas.
A la huelga están convocados unos 9.500 trabajadores de siete comunidades (Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias), de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de los órganos centrales con sede en Madrid, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Feed para este artículo 0 Respuestas hasta el momento
Añade tu comentario (o envia un Trackback)