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Una de esas medidas, según señaló el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, será el refuerzo de las plantillas de los cuatro juzgados de lo penal de Santander, acompañado además de una mejora del plan informático.
Con esa reunión, aún no convocada formalmente y que el consejero espera que se celebre la semana que viene, el Gobierno responde a la llamada realizada por el TSJC, que le ha trasladado un informe sobre las carencias de los juzgados de lo penal y sus propuestas para solventarlas.
El presidente del TSJC, César Tolosa, subrayó la “imperiosa necesidad” de contar con un nuevo juzgado de lo penal y de renovar por seis meses el juzgado bis de refuerzo en el Penal número 2 de Santander -peticiones que ya se han dirigido al Ministerio de Justicia-, junto con actuaciones de refuerzo de personal y mejoras informáticas -demandadas en este caso a la Administración regional-.
En respuesta a preguntas de los periodistas, tras la inauguración del II Encuentro de jueces de Asturias, Cantabria y Castilla y León, Mediavilla y Tolosa mostraron su disposición a adoptar las medidas necesarias para solventar la acumulación de sentencias pendientes de ejecutar que, según el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alcanzan las 1.273 en los juzgados de lo penal cántabros.
El presidente del TSJC admitió que el dato “no es bueno” y no dudó en calificarlo de “absolutamente malo”, pero matizó que no es novedoso y explicó que la Sala de Gobierno del TSJC, “consciente” de esa situación, ya se dirigió a los jueces de lo penal para que propusieran un plan de actuación para “tratar de poner fin a esta situación tremendamente preocupante”.
Al Ministerio le piden un nuevo juzgado penal en Santander, porque para los cuatro existentes resulta “imposible absorber la cantidad de trabajo que están soportando”; y también le demandan que renueve por seis meses el juzgado bis de refuerzo del Penal número 2, que gracias al refuerzo “ha ido mejorando”, pero requiere prolongar la medida.
Mientras tanto, la petición al Gobierno regional es de medios informáticos “suficientes para gestionar con calidad y eficacia las ejecutorias, que cada día son mucho más complejas”, junto con medidas de refuerzo de personal para los juzgados, que a día de hoy “no es suficiente”.
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