Los datos fueron recabados de los Juzgados de lo Penal Ordinario y los Órganos Especializados en esta materia de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián.
Se trata de un exhaustivo informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ y que será discutido mañana en la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces.
En él se ofrece que, de esas casi 270.000 sentencias que se encontraban en situación de pendencia a la conclusión del pasado año 2007, un 70,25 por ciento (189.280) se residencian en los Juzgados de lo Penal y el 29,74 por ciento restante (80.125) en los Juzgados Especializados.
“La carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales de Ejecutorias indicados en este informe, durante el trienio 2005-2007 excede ampliamente el módulo previsto para este tipo de Órganos”, denuncia el estudio, que además señala que se sobrepasa la media del registro en un 21 por ciento en Madrid, en un 52,24 por ciento en Barcelona, en un 99,62 por ciento en Valencia, en un 82,30 por ciento en Palma de Mallorca, en un 80 por ciento en Bilbao, y en un 4,10 por ciento en San Sebastián.
Por comunidades autónomas, la peor situación se registra en Cataluña, donde hay 56.000 sentencias pendientes de ejecutar, seguida de la Comunidad Valenciana, con 40.000 y la Comunidad de Madrid con 37.500.
El CGPJ estima que “los anteriores datos, inducen a pensar la necesidad de implantar toda una batería de medidas tendentes a obtener la plena normalización de estos Órganos, a fin de adecuar su función jurisdiccional a los principios constitucionales de Tutela Judicial Efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas”.
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