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El TSJPV impuso además el pago de las costas al incurrir en “un desprecio absoluto” en el derecho a la intimidad de la empleada.
El Tribunal considero que controlar el disco duro de su ordenador e incluso llegar a leer el contenido de sus correos electrónicos constituye “una intromisión en el secreto de comunicaciones“.
Esta trabajadora se comunicaba por e-mail con un empleado que habÃa sido despedido de esta misma compañÃa.
La sentencia considera que la sociedad ha actuado de forma “inaceptable en términos constiucionales” y destaca que el uso para asuntos personales de un elemento propiedad de la empresa -teléfono, ordenador o taquillas- “depende de un debate constitucional” y no se resuelve “con un acto unilateral ni con una advertencia”.
La parte condenada alegó que la trabajadora, que formaba parte del personal de Administración, tenÃa designado un PC, pero carecÃa de cuenta de correo electrónico.
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