En el país regía una ley de 1938 que castigaba con prisión a las mujeres que aborten y a quienes colaboren con el procedimiento. La práctica sólo estaba permitida en casos de violación o de riesgo de vida para la madre o el feto.
La recién aprobada Ley de Salud Sexual y Reproductiva incluye la despenalización parcial del aborto durante los primeros tres meses de embarazo, por riesgo para la madre y penurias económicas.
La norma fue aprobada en el Senado con el voto a favor de los 17 representantes de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, que fue la impulsora del proyecto, y la oposición de los 13 legisladores de los opositores Partido Nacional y Partido Colorado.
La ley fue aprobada, en medio de una fuerte polémica y por escaso margen (49-48), la pasada semana por la Cámara de Diputados pero regresó a la Cámara de Senadores, donde había tenido aprobación previa, porque fue parcialmente modificada por los diputados y los senadores debieron ratificar esos cambios, que no fueron de fondo.
Una de las mayores impulsoras del proyecto fue la senadora socialista Mónica Xavier, médica de profesión y que pertenece al Partido Socialista, el mismo del presidente Tabaré Vázquez.
El jefe de Estado, que es uno de los oncólogos más renombrados del país y alterna sus actividades de presidente con la atención a sus pacientes, destacó en varias oportunidades su posición contraria al aborto y anunció que vetará la ley, posibilidad que le brinda la Constitución.
El 57% de los uruguayos está a favor de la ley que legaliza el aborto y el 63% rechaza la posibilidad de veto que le otorga la Constitución al presidente, según una encuesta.
El jefe de la Iglesia católica en Uruguay, arzobispo Nicolás Cotugno, arrimó más leña al fuego al anunciar la pasada semana que todos los legisladores que votaran la ley quedarían excomulgados de manera automática en el país que es considerado de los más laicos de América Latina.
Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que en Uruguay se practican unos 33.000 abortos al año, aunque organizaciones de defensa de los derechos de la mujer aseguran que el número podría llegar a ser el doble.
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