Por José Antonio Suárez, socio director de Suárez de la Dehesa Abogados
Con cierta frecuencia, e insistencia, se está proponiendo la supresión del llamado canon digital, es decir la compensación que el conjunto de los ciudadanos pagan a los autores por poder copiar música, películas y otras obras para uso personal. Sin embargo ninguno de los proponentes, ni de los representantes de quienes perciben el citado canon, ha hecho mención de los daños colaterales que dicha decisión conllevaría.
Al día de hoy, el marco legal de loa copia privada está ya ciertamente definido. La excepción de copia privada es una licencia legal, que permite a los ciudadanos copias obras para su uso privado, está condicionada (artículo 5.2.b de la Directiva 2001/29/CE) a que los titulares de los derechos afectados reciban una compensación económica. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los casos Padawan/SGAE (21 de octubre de 2010) y Thuiskopie/Opus (de 16 de junio de 2011) han confirmado esta condición. Así, por ejemplo, el considerando 33 de esta última es claro:
“Más concretamente, se desprende del artículo 5, apartado 2, letra b), y del trigésimo quinto considerando de dicha Directiva que, en los Estados miembros que han introducido la excepción de copia privada, los titulares de los derechos deben recibir una compensación equitativa para recompensarles adecuadamente por el uso que se haya hecho de sus obras o prestaciones protegidas realizado sin su consentimiento. Además, con arreglo al apartado 5 del mismo artículo, el establecimiento de la excepción de copia privada no puede perjudicar injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho de autor.”
Dicha compensación debe ser satisfecha, en principio, por la persona que realiza la copia (considerandos 45 de la sentencia Padawan y 26 de la sentencia Thuiskopie), aunque en palabras de esta última (considerando 27)
“… el Tribunal de Justicia ha admitido que, habida cuenta de las dificultades prácticas para identificar a los usuarios privados y obligarles a indemnizar a los titulares de los derechos por el perjuicio que les causan, los Estados miembros tienen la facultad de establecer, al objeto de financiar la compensación equitativa, un «canon por copia privada» que no grava a las personas privadas afectadas, sino a quienes disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y, a este título, de Derecho o de hecho, ponen dichos equipos a disposición de personas privadas o les prestan un servicio de reproducción. En el marco de dicho sistema, son las personas que disponen de dichos equipos quienes han de abonar el canon por copia privada (sentencia Padawan, antes citada, apartado 46).”
Esta misma sentencia ha hecho un análisis algo más profundo de la obligación de compensar, y al respecto ha declarado (considerando 34) que
“… estas disposiciones imponen al Estado miembro que ha introducido la excepción de copia privada en su Derecho nacional una obligación de resultado, en el sentido de que dicho Estado está obligado a garantizar, en el marco de sus competencias, la percepción efectiva de la compensación equitativa destinada a indemnizar a los autores perjudicados por el perjuicio sufrido, en particular si dicho perjuicio se ha producido en territorio de dicho Estado miembro.”
A la vista de estos antecedentes, queda meridianamente claro que
a) la excepción de copia privada obliga al pago de una compensación a favor de los titulares de las obras copiadas;
b) deben satisfacerla quienes efectúan las copias, aunque el pago de la misma pueda desplazarse a quienes comercializan los medios técnicos que permiten dicha copia, y
c) que las tarifas, legales o pactadas, deben reparar el daño causado.
La propuesta de supresión del llamado canon digital, es decir la compensación, tiene una serie de efectos jurídicos y económicos para ciudadanos y empresas que conviene cuando menos conocer.
La supresión del canon obliga a suprimir la licencia legal que permite a los ciudadanos hacer copias para su uso personal. A partir de ese momento, para actividades tan simples como hacer una copia de un cd para escucharlo en el coche conservando el original en casa, o grabar una película de la televisión para verla en otro momento, requerirán autorización, misión sino imposible para un ciudadano, al menos sí muy dificultosa, y que, muy posiblemente, conllevaría un pago por la licencia correspondiente. Lo que constituye al ciudadano en la primera víctima colateral de la supresión del canon.
Al quedar derogada la excepción de copia privada, algunos medios técnicos que hoy se comercializan, y cuya única utilidad es la copia para uso privado (por ejemplo los descodificadores de televisión con disco duro), deberían cesar de comercializarse. Evidentemente, si la copia privada ya no existe, la utilidad de dichos aparatos ha desparecido. Únicamente podrán mantenerse si las entidades de televisión autorizasen la copia privada de sus producciones, es decir los telediarios, los magazines y las series que ellas mismas han producido. En resto de su emisión (películas, series, dibujos animados) necesitaría de una licencia de sus titulares, productores norteamericanos en su mayor parte, quienes, si o autorizan, que es dudoso según los conocedores del medio, exigirán una compensación económica, que las televisiones pasarán a los anunciantes y éstos a los consumidores de las marcas anunciadas. Luego, una vez más, el ciudadano será la víctima colateral de la supresión.
En caso de que los titulares de los derechos de emisión de las películas, series y otras obras audiovisuales se negasen a permitir que los ciudadanos que cuenten con aparatos (discos multimedia o decodificadores con disco duro) que permiten la copia de emisiones, podrían exigir de las televisiones que implementen sistemas anticopia ya existentes, con lo que una gama de aparatos dejaría de tener la actual utilidad que hoy tiene para el consumidor, lo que reducirá el nivel de demanda de dichos medios. Cuyos fabricantes y distribuidores serán otra víctima colateral.
Los sistemas de almacenamiento en la nube permiten a los ciudadanos subir sus archivos a un espacio reservado que es accesible desde cualquier ordenador. Las capacidades gratuitas todavía están en definición, pero en su estado actual permiten a los usuarios almacenar miles de canciones. Subir un archivo musical a la nube es una reproducción, una copia.
Por ello, Apple, antes de lanzar comercialmente su iCloud (en Estados Unidos no hay excepción de copia privada), está cerrando acuerdos comerciales con las discográficas y editoras musicales a las que, según las fuentes, ya habría pagado entre 100 y 150 millones de dólares.
La supresión del canon digital es España, mientras que muy posiblemente se va a mantener en todos los países de la Unión Europea que actualmente lo tienen, afectará a un sector tecnológico que en estos momentos está dando sus primeros pasos, y que es estratégico en el desarrollo de las tecnologías avanzadas. Las empresas domiciliadas en España estarán obligadas a llegar a acuerdos similares a los de Apple, cuyo coste difícilmente podrán trasladar al ciudadano, lo que limitará su capacidad para competir. En este caso, los victimas colaterales serán los emprendedores tecnológicos.
La conclusión queda al lector
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No nos vais a meter miedo. Esta claro que las leyes han sido hechas por y para la SGAE, pero van a cambiar. Se les acabo vivir del cuento. Es el fin de la mal llamada propiedad intelectual. El conocimiento es libre. Compartir es bueno. Somos legion.
De que supresión estan Vds. hablando? mi empresa sigue pagando el puñetero conon digital, hoy mismo hemos comprado 50 pen driver y nuestro proveedor nos carga 15 Euros de canon digital, Por favor no hablen de supresión, lo unico que sigue suprimido són nuestras libertades.
Cuantos favores no le deveran a la Sgae/Egeda para que sigamos teniendo esta lacra de canon digital.
antonio@dieltron.com
El problema está en la premisa. Nunca entenderé por qué el derecho a la remuneración de los titulares de los derechos de autor -totalmente legítimo- debe incluir una compensación por copia privada: he adquirido la obra para mi consumo doméstico, he pagado el precio estipulado por ello, y no logro entender por qué debo seguir pagando por el mero hecho de grabar (copiar) esa obra audiovisual en mi ordenador de sobremesa, en mi teléfono y en mi portátil (ya no uso CDs en el coche, sólo los uso para entregar una copia de mis propios escritos o contratos a los escasos clientes que no se manejan bien con el correo electrónico). Es decir, quiero ver la película que he adquirido en el salón, en la cocina o en el apartamento de veraneo. ¿Por qué debo pagar a los titulares de derechos sobre esa obra cada vez que la copio en un dispositivo?
La justificación está “en la compensación del daño”. ¿Qué daño? Si ya he adquirido la obra, he pagado por ella, ¿dónde está el daño? Incluso si quiero compartirla con un amigo o con un familiar, estoy contribuyendo a su difusión, promocionándola de forma gratuita.
La verdad de las cosas es que es un sistema tramposo, destinado a cubrir otros “daños” distintos, bajo la apariencia de una “compensación por copia privada”. Está destinada a combatir la piratería, la difusión o comunicación pública ilícita, que repudio sin lugar a dudas, pero haciendo pagar a justos por pecadores, gravando actividades perfectamente legítimas, pero a las que se impone la presunción de ilicitud.
Y por un motivo claro, en mi opinión: el canon está destinado a garantizar los ingresos a una industria pantagruélica, sobredimensionada e incapaz de reconvertirse, en la que, además, quienes menos cobran son los autores.
El canon debe desaparecer, sin duda, pero ello no debe llevar aparejada la supresión de la copia privada. Debe provocar una reflexión profunda sobre el contenido, alcance y forma de remuneración de los derechos sobre las obras audiovisuales.
Sobre todo los derechos de reproducción: intentar garantizar su remuneración a toda costa, en un mundo en el que la tecnología permite la multiplicación instantánea de miles de copias de un archivo digital, es como vender arena en el desierto del Sahara, simplemente de broma.
El canon es como cobrar un peaje a todo aquel que se acerque al desierto, simplemente porque tiene la posibilidad de hacerse con arena sin pagársela al concesionario de venta de arenas. La pregunta es obvia: ¿pero en qué cabeza cabe semejante negocio? ¡hay arena por todas partes! ¿Y en qué cabeza cabe que los gobernantes quieran garantizar a toda costa que el arenero siga ganando dinero? Pues eso, que el absurdo acaba haciendo que todos paguemos la arena, y al final sin tan siquiera cruzar el desierto. Pero la realidad acabará reconvirtiendo al arenero, que tendrá que dedicarse a otra cosa tarde o temprano.