El «número dos» del fallecido Jesús Gil ha sido condenado a cinco años de cárcel por malversación de caudales públicos y a un año y 10 meses por falsedad en documento mercantil.
Así lo ha anunciado el magistrado Juan Francisco Martel, ponente de la sentencia, cuyo fallo ha dado a conocer la Audiencia Nacional en lectura pública en la sede de este tribunal donde se celebró el juicio entre el 10 de octubre y el 27 de noviembre.
Junto a él, también han sido condenados dos miembros del conocido como el ‘caso saqueo’ de Marbella, mientras que otros tres han sido absueltos.
El asesor jurídico del ex alcalde Jesús Gil, José Luis Sierra, ha sido sentenciado a nueve años de cárcel; siete por malversación y dos por falsedad documental, mientras que el contable Manuel Jorge Castel ha sido condenado a seis años por malversación y otros dos por falsedad.
Los tres condenados deberán indemnizar al Ayuntamiento marbellí con 23 millones de euros. Sin embargo, los herederos de Jesús Gil han sido absueltos y no tendrán que abonar ninguna cantidad al Consistorio en concepto de responsabilidad civil.
Los otros tres acusados en esta causa, Eduardo Gonzálvez y Francisco Javier Herrera (empleados de las sociedades municipales Planeamientos 2000 y Contratas 2000) y Purificación Notario (esposa del gerente ya fallecido de la última empresa citada), han sido absueltos por el tribunal.
El fallo asegura que los tres acusados crearon un plan preconcebido para desviar fondos públicos
La Fiscalía Anticorrupción había pedido penas de 10 años de cárcel para Roca, Gonzálvez, Sierra y Castel por un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil.
El Ministerio Público consideró que la participación de Roca fue «esencial» para urdir un «entramado» que permitió el desvío de fondos públicos del Consistorio mediante la creación de empresas públicas con las que se sustrajo el dinero.
El tribunal, presidido por la magistrada Ángela Murillo, ha condenado como responsables civiles a las sociedades Promociones Futbolísticas y Rancho Valdeolivas, propiedad de Jesús Gil, a pagar 2,4 millones de euros y 150.000 euros, respectivamente.
La sentencia considera que los tres condenados «concertados con otros funcionarios y autoridades (…), en ejecución de un plan preconcebido, llevaron a efecto durante los años 1991 a 1995 actuaciones coordinadas tendentes a desviar fondos públicos llegados desde el Ayuntamiento de Marbella a las sociedades municipales».
Para llevar a cabo esa «detracción», añade la Sala, fueron «relevantes» los conocimientos jurídicos de Sierra, los contables de Castel y la actividad empresarial de Roca.
