Entre ellos, se refiere a la competencia para decidir sobre la obligatoriedad de la colegiación, los visados, la memoria de los colegios y los honorarios profesionales.
La Generalitat pidió al Consejo de Garantías Estatuarias que se pronunciara sobre estos preceptos y este órgano confirmó la inconstitucionalidad.
El Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales ha defendido en todo momento que el visado es la mejor garantía para preservar la seguridad e integridad física de los usuarios de las obras e instalaciones de ingeniería.
Desde su punto de vista, «la supresión del mismo hará que se rompa la cadena de seguridad en los trabajos profesionales puesto que no se podrá garantizar a los usuarios la idoneidad del profesional para la realización de esos proyectos ni la posibilidad de conocer la adscripción del profesional a una póliza de seguro de responsabilidad civil, así como tampoco el contenido formal de la documentación preceptiva o la aplicación de las normas vigentes».
Por esta razón, los colegios profesionales de la ingeniería han optado por ponerse al lado del Gobierno catalán y de «luchar hasta el final para que el real decreto sea derogado puesto que el criterio económico que propugna el Gobierno no debería prevalecer sobre la seguridad y la integridad física de las personas».
En esta denuncia, los ingenieros industriales aseguran que no existe un control preventivo sustitutivo del visado y exponen que ni ningún mecanismo de control tendría viabilidad sin la garantía colegial.
