Miguel Ángel Ferrer GarceránPor Miguel Ángel Ferrer Garcerán, Socio director general de Arrabe Asesores

La Agencia Estatal de Administracion Tributaria (A.E.A.T.) difundió no hace mucho una nueva nota sobre el tratamiento fiscal de los socios de entidades mercantiles.

A partir de ese comunicado, la Inspección Tributaria ha iniciado actuaciones contra determinadas clases de sociedades. Sobre todo, las que desarrollan actividades de tipo profesional y/o artístico e incluso deportivo que, básicamente, pretenden aplicar tipos impositivos reducidos por Impuesto sobre Sociedades (IS) -y bastante inferiores a los de IRPF- a los rendimientos que una persona física obtendría si los generase como renta del trabajo.

Sin embargo, la legislación actual contempla que cualquier persona constituya una sociedad para que, a través de ella, facture los honorarios que perciba por los servicios que presta, siendo esta persona el socio único y administrador de esa misma sociedad. Se adjudica una nómina, en la que decide cómo, cuándo y cuánto se va a retribuir; hace su declaración de IRPF, sólo por la parte que percibe como nómina, y el resto se queda en la sociedad tributando por el IS.

Pero el criterio de interpretación de Hacienda es diferente según las comunidades autónomas y según los casos. Por eso no existe una solución general para todas las sociedades que están siendo inspeccionadas. Los supuestos y la casuística es enorme y cada actividad, cada empresa, necesita una respuesta a medida. Para empezar, el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debería fijar un criterio objetivo claro y continuado en el tiempo, algo que no sucede en la actualidad y que desampara y desconcierta a los asesores y a los contribuyentes.

Como consecuencia: “A río revuelto, ganancia de pescadores”. Es lo que están haciendo desde hace meses algunos despachos de asesores fiscales y legales de cara a lograr ingresos extras a base de generar más incertidumbre si cabe, de la que ha suscitado la propia Hacienda pública.

Los asesores fiscales y legales deben tener la altura ética y profesional de ayudar a sus clientes de forma individual, ajustada y proporcionada a la actividad empresarial que desarrollan, al nivel de retribución percibido de los administradores y a la dimensión de la propia sociedad. Aplicar un criterio uniforme y generalizado es más propio de quien quiere hacer “caja” aprovechando la enorme confusión generada.

En este sentido, hay despachos que, directamente, han aconsejado a todos sus clientes modificar los estatutos de sus sociedades, fijando una retribución al cargo de administrador. Otros han recomendado que los administradores se den de alta en actividad económica y que, en lugar de cobrar por nómina, emitan una factura con IVA a su propia empresa por los servicios prestados. También hay despachos que defienden el doble criterio de modificar los estatutos y mantener una nómina por los trabajos desarrollados por el administrador para su propia sociedad. Imaginen aquí el caso de una pequeña empresa hostelera, en la que el socio único es el administrador y que tiene un trabajador: ¿acaso el administrador no pondrá los cafés, limpiará los baños o tomará las comandas? Un disparate, pero esos asesores sin ética aumentan su minuta gracias al cambio de opinión de Hacienda.

En fin, la polémica está servida. Pero, insisto, sólo un asesoramiento personalizado de cada supuesto en particular podrá dar un punto de mayor seguridad jurídica de cara a poder atender sin problemas una Inspección de Hacienda. Aunque ésta, en cualquier caso, siempre tendrá la última palabra para decidir si, arbitrariamente, se trata de un ingreso de renta del trabajo, si una liberalidad, si un gasto no fiscalmente deducible, o la interpretación que considere oportuna.

Tenemos un ejemplo en la Amnistía Fiscal. Los defraudadores ha podido regularizar “activos ocultos” a un coste mínimo. Sin embargo, la recaudación para nuestro Fisco ha sido menor de la esperada. Esto se debe a “la generosa interpretación de la Dirección General de Tributos” al aplicar la “prescripción a esta medida, cuando la propia ley extraordinaria no la regula, lo que ha provocado que una parte importante de los activos aflorados se hallen prescritos”, según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). En cambio, de este modo sí se fomenta la evasión fiscal y no se conciencia a los contribuyentes sobre sus obligaciones ante la sociedad. Y ese no es el mejor camino.

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