Por Ana Ferrando, Asociado Senior Olleros Abogados


 Con la aprobación de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, se introdujeron en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, los artículos 11 bis y 11 ter., mediante los cuales se establece de forma expresa la posibilidad de que las sociedades mercantiles puedan someter a arbitraje los conflictos societarios, impulsando este tipo de solución extrajudicial de conflictos, todo ello en sintonía con la actual tendencia de intentar descargar el colapso que sufren los Juzgados y  Tribunales.

En particular, el nuevo artículo 11 ter permite la inscripción directa –sin necesidad de más trámites- en el Registro Mercantil del laudo que declare nulo acuerdos sociales inscribibles, así como la cancelación de la inscripción de los mismos en caso de que se hubiesen inscrito, incluyendo la de todos aquellos posteriores que resulten contradictorios con la cancelación practicada, al igual que ocurre para con las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales.

A pesar de la literalidad de dicho precepto, la realidad registral es bien distinta, ya que en ocasiones los Registradores son reacios a permitir la inscripción directa del contenido material de un laudo arbitral en el Registro Mercantil. Un ejemplo concreto: en un determinado procedimiento arbitral, el laudo declaraba la nulidad de determinados acuerdos inscribibles. Presentado el laudo en el Registro Mercantil, el Registrador Mercantil -Registro Mercantil de Madrid- denegó dos veces la inscripción: la primera de ellas antes de la entrada en vigor de la referida modificación de la Ley de Arbitraje; y la segunda, sorprendentemente, después de ésta, aduciendo en la calificación que “la actual ley de Arbitraje de derecho privado, Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje después de la modificación de la Ley 11/2011 continúa exigiendo, que la ejecución del laudo, cuando sea forzosa es materia y competencia de los Tribunales ordinarios”.

Al mismo tiempo, los Tribunales ordinarios no podían despachar ejecución del laudo por ser una resolución constitutiva (es decir, aquella que decreta inscripciones y modificaciones en registros públicos) de conformidad con lo previsto en el artículo 521 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

A pesar de lo anterior, se solicitó auxilio judicial ante el Juzgado de lo Mercantil, el cual, consciente de la incongruencia de las dos normas antes citadas, y con la finalidad de que el laudo tuviese acceso al Registro Mercantil, fue flexible y decretó auto de despacho de ejecución del laudo arbitral cuya inscripción se pretendía. Pero el Juzgado de lo Mercantil bien hubiera podido negarse a dictar el auto de despacho de ejecución, lo que hubiera creado incluso un conflicto de competencia a pesar de que parece que no fuese esa la intención del legislador cuando llevó a cabo la reforma.

Así, del estudio del proceso parlamentario de tramitación de la norma se puede concluir con toda claridad que el laudo arbitral fuese directamente inscribible en el Registro Mercantil sin necesidad de protocolización ni de acudir previamente al auxilio judicial, de la misma forma que ocurre con las sentencias de los órganos judiciales.

Sin embargo, resulta innegable que la reforma se quedó coja ya que, además de la Ley de Arbitraje, se debió modificar el artículo 521 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incluyendo la mención a los laudos de carácter constitutivo, de la misma forma que lo hace con las sentencias. De igual forma debió haberse modificado  los artículos 94.10º y 95 del Reglamento del Registro Mercantil, con la finalidad de incluir los laudos arbitrales como resoluciones inscribibles en el Registro Mercantil, sin necesidad de ninguna ejecución previa.

Por lo tanto si no se corrige este criterio registral o se realiza la modificación legislativa completa, quedaría de peor condición el laudo que la sentencia y no estará logrando realmente el reforzamiento del principio de equivalencia institucional entre Jurisdicción y Arbitraje que pretendía el legislador con la Ley 11/2011.

En definitiva, se ha perdido la oportunidad de explicitar en la propia Ley de Arbitraje, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el Reglamento del Registro Mercantil la posibilidad de que los laudos que pongan fin al arbitraje societario puedan realmente inscribirse -cuando sus pronunciamientos deban tener reflejo registral- de forma directa y sin necesidad de más trámites.

 

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