La Corte Constitucional convoca audiencia pública en el marco de la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en materia de desplazamiento forzado.

A la diligencia fueron invitados dos representantes de los pueblos Jiw y Nükak, y citados el ministro del Interior y Salud, la ministra de Vivienda; la directora de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de Víctimas; la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; el director de la Unidad de Restitución de Tierras, el director de la Agencia Nacional de Tierras y la directora del Departamento de la Prosperidad Social, entre otros.  

Lo anterior, con el fin de superar el Estado de Cosas Inconstitucional–ECI- en materia de desplazamiento forzado.

Para ello, la Corte, a través del Auto 827 de 2023, convocó para el próximo 18 de agosto a una audiencia pública para hacer seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos 004 de 2009, 173 de 2012 y 265 de 2019 referentes a la situación de los pueblos Jiw y Nükak.

El Auto 827 de 2023, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, también ordenó la realización de una diligencia previa a la audiencia pública que se llevó a cabo en San José del Guaviare durante los días 10 al 12 de julio y tenía como fin el recaudo de pruebas y adelantar espacios dialógicos e interculturales con las autoridades territoriales y las referidas etnias.

Cabe recordar que la Sentencia T-025 de 2004 declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado al evidenciar que la población afectada afronta una vulneración masiva de derechos como consecuencia del conflicto armado, la violencia generalizada y las fallas estructurales en la respuesta institucional, por lo que la Corte, en su momento, le ordenó al Gobierno Nacional ajustar la política pública para la atención de esta población.

En la Sala Especial de Seguimiento, la Corte adoptó medidas de protección diferencial para los pueblos indígenas y, en particular, medidas cautelares de protección de los pueblos Jiw y Nükak, así como también precisó el marco constitucional en el que se deben incorporar los enfoques diferenciales de género y niñez en la política para personas desplazadas.

En esta ocasión, la diligencia que se adelantará el próximo 18 de agosto es una solicitud de la Defensoría del Pueblo y del Líder Mayor del Resguardo Indígena Jiw de Barrocón (Guavire). El propósito es evaluar la situación de violencia y explotación sexual y otras violencias basadas en género que están sufriendo las niñas y mujeres indígenas de los pueblos Jiw y Nükak.

La pretensión del órgano defensor y del líder indígena fue acogida por la Sala por lo que verificará: 

(i) el goce efectivo de los derechos de las comunidades étnicas Jiw y Nükak víctimas de desplazamiento y, 

(ii) la capacidad de respuesta institucional para superar las falencias estructurales que se han identificado por esta Sala Especial y que afectan a los pueblos indígenas mencionados. La Sala hará seguimiento particularmente al cumplimiento de las órdenes del Auto 173 de 2012, a la situación de los pueblos frente a sus necesidades de retorno y reubicación, y a la grave problemática de violencia sexual y de género, inclusive de explotación sexual contra niñas indígenas.

Basado en ello, la Sala valorará las dificultades y obstáculos que subsisten para proteger a los pueblos Jiw y Nükak y adoptará las medidas que considere procedentes para superarlas, conforme con la autonomía, cultura y cosmovisión de dichos pueblos.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, por su parte, deberá presentar un informe acerca de las investigaciones adelantadas y condenas obtenidas por la violencia sexual padecida en menores de edad y mujeres de las etnias.

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