La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que Colombia firmó con Venezuela en febrero pasado en Caracas.
El proyecto ahora se traslada a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para su tercer debate.
Este acuerdo tiene como objetivo principal facilitar y promover las inversiones directas transfronterizas para impulsar el desarrollo sostenible, la diversificación productiva y la creación de empleo calificado.
El ministro de Comercio, Germán Umaña Mendoza, destacó la importancia de este tipo de acuerdos internacionales, enfatizó que «establecen marcos institucionales internacionales, solución de diferencias y permiten apelar a tribunales internacionales».
El acuerdo garantiza un trato igualitario entre los nacionales venezolanos y los colombianos, manteniendo los equilibrios entre los inversionistas extranjeros y nacionales.
La negociación con Venezuela en los temas comercial (bienes y servicios) y de inversión “se ha enmarcado en la Organización Mundial del Comercio (OMC), al que pertenecemos los dos países; en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi)”, dijo Umaña.
Este acuerdo entrará en vigor una vez complete su trámite en el Congreso de la República, pase por la comisión y plenaria de la Cámara de Representantes, y sea aprobado por la Corte Constitucional, cumpliendo así con los cuatro debates reglamentarios.
Polémica
Hubo polémica alrededor de la posibilidad de la autorización de expropiaciones y también por los 300 millones de dólares que Venezuela aún le debe a empresarios colombianos.
El acuerdo suscrito entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones recibió un respaldo mayoritario del Senado de la República.
La ponencia presentada por los senadores José Luis Pérez del partido Cambio Radical, Gloria Flórez del Pacto Histórico y Lidio García del Partido Liberal argumenta que la idea es mantener y consolidar un marco jurídico que facilite y promueva las inversiones directas realizadas por inversionistas de ambos países.
El senador Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal pidió al Congreso no acompañar este proyecto hasta tanto Venezuela se ponga al día con los empresarios colombianos a los que se les adeuda al menos U$ 300 millones.
Chacón solicitó claridad sobre la posibilidad que abre el proyecto de autorizar según él, las expropiaciones.
La senadora María Fernanda Cabal del partido Centro Democrático dijo: “me inquieta que un acuerdo de este tipo termine legitimando operaciones comerciales, cuando los empresarios de Colombia no van a tener absolutamente ninguna garantía de protección sobre sus inversiones”.
Por su parte el ministro de Comercio, Industria y Turismo, German Umaña, señaló que para el gobierno es fundamental la protección de las inversiones de los empresarios colombianos en el vecino país, respetando la Constitución de cada país.
“Únicamente por razones de utilidad pública puede procederse a una nacionalización, pero previo pago de la indemnización definida a precios de mercado”, aclaró el ministro Umaña.
Una vez aprobado el proyecto, el ministro mencionó que “con esta decisión se fortalece la institucionalidad en las relaciones económicas binacionales, pues las mismas se enmarcan en el contexto de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio.”
