El ministerio público considera que la Audiencia es competente en este caso porque ha existido un ataque directo a un buque español, y atribuye a los piratas la comisión de 36 delitos de detención ilegal (uno por cada tripulante del atunero) y uno de robo con violencia y uso de armas.

En un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 5, la Fiscalía defiende que el secuestro del Alakrana se encuentra al margen de la Operación Atalanta de la Unión Europea (UE) y los tratados de colaboración con Kenia, por lo que corresponde a la justicia española actuar penalmente contra sus responsables.

Los dos piratas detenidos responden a la identidad de Abdu Willy y Raagegeesey. Garzón, que instruye esta causa en sustitución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, abrió un procedimiento contra los dos piratas por un delito de secuestro y otro delito de terrorismo en el marco de una acción de piratería.

El comandante del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, el general Jaime Domínguez Buj, ha afirmado que «no se observan movimientos que indiquen cambio de actitud de los secuestradores».

Domínguez Buj ha informado de que los dos piratas detenidos se encuentran a bordo de la fragata Canarias, a la espera de la decisión del juez de la Audiencia Nacional.

Los armadores vascos y los familiares de los pescadores retenidos han manifestado su preocupación por la situación, tras la detención de dos asaltantes, y su temor ante posibles represalias.

Por otra parte, la dirección federal del PSOE, reunida con su secretario general, Jose Luis Rodríguez Zapaero, ha dedicado parte de su reunión de trabajo a analizar la situación del Alakrana, así como las gestiones y las acciones gubernamentales.

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