Cumplimiento efectivo de las penas, pronóstico de rehabilitación y reinserción

Libertad condicionalPor Gabriela Boldó, juez sustituta

Recientemente los medios de comunicación han informado sobre la puesta en libertad de ciertos penados, que han cumplido la totalidad de la condena, y, al parecer no se hallan rehabilitados, generándose un debate ético, social y jurídico alrededor de si la norma está bien establecida y si la sociedad se siente debidamente amparada por esa norma.

Neurociencia y normas

Actualmente, para ver hasta que punto la sociedad considera que una norma está bien establecida y como juega el entorno en que se aplica esa norma, hay que tener presentes los avances que ha realizado la neurociencia en este tema, en concreto analiza cómo afectan, a la población en general, el medio y las normas que nos rodean.

Tras muchos estudios científicos, entre los que destacan los realizados por el sociólogo holandés Kees Keizer, en la ciudad de Groningen, los realizados por Triker, los realizados por Stanley Milgram en 1963, mundialmente famosos gracias a la película: “El experimento” y los realizados por el neurocientífico Steven Pinker, recogidos en su ensayo “Los ángeles que llevamos dentro”, el Dr. Aldolf Tobeña afirma que más o menos un 40% de la población, en general, modificamos nuestro comportamiento ético en función de las normas de nuestro entorno, no solo en función de si dichas normas se cumplen o no, sino también de cómo son esas normas; de modo que si las normas no están bien establecidas, la gente tiende a comportarse peor y a saltárselas; en base a todo ello el Dr. Tobeña concluye que: “en torno a un 20% de las personas, ya desde muy pequeñitos, tienen una tendencia a la compasión y la ayuda, mientras que, en el otro extremo, se encuentran los sinvergüenzas, desleales e incluso predadores peligrosos, los cuales no suelen pasar del 4%, porcentaje que se eleva hasta el 20 % cuando se trata de conductas más suaves y el 60%, que está en medio, se mueve en función del marco normativo predominante”.

Planteado así el debate considero importante reflexionar sobre si las normas contenidas en ley general penitenciaria de 1979 y en el código penal de 1995, en especial las que regulan el cumplimento íntegro de las penas, los permisos de salida, la concesión de la libertad condicional, y, la adopción de la libertad vigilada al penado, en casos excepcionalmente graves, cuando ya ha cumplido la condena, pueden considerarse como normas bien establecidas y la función motivadora que tienen hacia los reclusos que deben cumplir íntegramente la condena.

Los permisos de salida y la libertad condicional

Dichos penados normalmente están clasificados en primer grado penitenciario sin un pronóstico de rehabilitación a lo largo de su condena; ambas circunstancias impiden o dificultan que estos internos gocen de permisos penitenciarios durante su condena, así como que también se les conceda la libertad condicional, herramientas ambas necesarias para su preparación progresiva a la vida en libertad, de acuerdo con los principios que recoge el art. 25 de la CE.

Existe pues un mandato constitucional, basado en los art 25 y 9.2 de la CE, dirigido a los poderes públicos, para que garanticen la libertad de dichos penados y remuevan los obstáculos que la impidan o dificulten, de modo que son los poderes públicos quienes deben facilitar los mecanismo necesarios a los internos para poder trabajar en esa rehabilitación y reinserción para su próxima vida en libertad, así como también facilitarles la integración en la sociedad cuando sean efectivamente puestos en libertad, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten como puedan ser la alarma social y el miedo que sienta la sociedad hacia ellos.

El hecho de que una pena esté orientada a la reeducación y a la reinserción no quiere decir que la reeducación o la reinserción sean una conditio sine qua non para obtener la libertad, ya que, el penado, esté rehabilitado o no, con las leyes vigentes en este momento, será puesto en libertad cuando haya cumplido la condena, por ello, a mi modo de ver, es fundamental preparar al interno y a la sociedad para esa libertad.

Los permisos de salida están regulados en los art 47.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y en los art. 154 y siguientes del Reglamento Penitenciario. Para su concesión, entre otras cosas circunstancias, es necesario que el penado se encuentre clasificado en segundo grado o en tercero de tratamiento; no obstante, estos elementos no operan de forma inmediata para la concesión de los permisos de salida, sino que también se deben valorar si existen circunstancias peculiares que puedan incidir negativamente en el uso de un eventual permiso tales como un previsible quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos delitos o que, en definitiva, repercutan perjudicialmente sobre el interesado desde el punto de vista de su preparación para la vida en libertad, o de su programa individualizado de tratamiento.

El permisos de salida es una herramienta para motivar al penado al cumplimento de determinados programas, de modo que el penado se mueva y se prepare para su vida en libertad, y, por lo tanto, tenga el deseo de reinsertarse, es decir llevar una vida normalizada en libertad, deseo que se hará patente a través de la voluntad, la constancia y la motivación del interno y también a partir de cómo que se gestionen las emociones en esa rehabilitación.

De hecho, ante un posible permiso de salida, el penado puede vincularse a un determinado programa, hecho que permite evaluar positivamente desde la junta de tratamiento la concesión del permiso, para consolidar, de ese modo, los objetivos del programa a los que se está vinculando el penado; y, a posteriori, tras el disfrute de dicho permiso de salida, se puede valorar el uso que ha hecho el interno de la confianza depositada en él al otorgarle un permiso, así como también la evolución real del tratamiento al entrar en contacto con situaciones reales en un medio sin tanta contención, de modo que se obtiene información esencial para saber cuáles son los aspectos que el penado necesita trabajar o mejorar para su posterior puesta en libertad.

Sino se conceden estos permisos difícilmente se tendrá la información real para trabajar eficazmente los aspectos criminógenos que precise el penado (habilidades personales, educación y formación profesional, adicciones), o el vínculo social (trabajo y relación con organizaciones comunitarias) o el entorno familiar al que el penado debe retornar. De hecho, en la concesión de permisos el medio al que retornará el penado puede rechazarle, aceptarle, o ignorarle, o, puede también que nadie tenga contención sobre él o ella, circunstancias todas ellas que deberán trabajarse paulatinamente con el condenado y el entorno para ir facilitando ese retorno. Si no se ha hecho este trabajo gradual la adaptación del penado cuando sea puesto en libertad será más complicada para él y para la sociedad, puesto que no hay que olvidar las dificultades reales que concurren, en una persona que ha estado 20 años desconectado de la sociedad y que no ha vuelto a convivir, aunque sea unas horas, con su familia; problemas que se agudizan en una sociedad como la actual, sometida a cambios constantes. Por ello es fundamental planificar el retorno de manera gradual y real incluso para este tipo de condenados, permitiéndoles trabajar o madurar su proceso de adaptación, más aún cuando se sabe, ab initio, que esa persona saldrá un día en libertad.

La reinserción juega también extra muros del centro penitenciario, hacia la sociedad que tiene que acoger a ese ciudadano de nuevo, por lo que es imprescindible que la sociedad en general, y, las víctimas, en particular, se empoderen, se hagan fuertes y adquieran habilidades para aceptar que, un día, esa personas saldrá en libertad.

Los permisos penitenciarios no dejan de ser un pulso entre la sociedad y el penado, puesto que el penado que ha cumplido la condena retorna a la sociedad y la sociedad tiene que ver como gestiona el miedo a la reincidencia y reintegra de nuevo a esa persona en su comunidad, responsabilizándose del modelo penitenciario que rige nuestro sistema, asumiendo determinados riesgos y evitando conflictos que pueden generar nuevas situaciones de riesgo, ya que, de otro modo, dicha libertad no es la que vienen garantizada en la Constitución para todas las personas, sino que es una condena para el penado a quien en todo momento se le señala y no se le deja ejercer su libertad, que el Estado, de acuerdo con sus normas, le ha devuelto, y, al mismo tiempo es un sufrimiento para las víctimas que se sienten impotentes ante ese hecho.

La libertad del penado que ha cumplido su condena y que garantiza la Constitución, no puede verse enturbiada por la información que dan los medios de comunicación sobre el nombre y domicilios de los penados excarcelados, información que no aporta nada positivo y sólo da pie a especulaciones, e incluso, como han afirmado los expertos, puede causar un revuelo social que impacte negativamente al interno con un “riesgo de desestabilización” sobre el penado. La información facilitada por los medios atenta contra el derecho a la intimidad del penado, los poderes públicos deben proteger a la sociedad civil por los medios adecuados y a su vez garantizar la libertad del penado, art 9.2 de la CE, con sigilo y discreción.

La libertad condicional, regulada en el artículo 90 c del Código penal, exige también, entre otros requisitos, la existencia de un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, emitido en el informe final previsto en el artículo 67 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, de modo que es necesario que exista un juicio o pronóstico de capacidad de rehabilitación o escasa probabilidad de reincidencia, lo que de hecho se determina como la peligrosidad criminal del sujeto. Esta regulación conlleva que los delincuentes de alto riesgo, terroristas y delitos sexuales, entre otros, difícilmente accederán a la libertad condicional, antes de salir en libertad, por lo que mantengo las críticas hechas en relación a los permisos.

Los permisos de salida y la libertad condicional frente a la libertad vigilada

Finalmente en cuanto a las reformas efectuadas en el Código penal relativas a la libertad vigilada, introducidas por la reforma operada 5/2010, de 22 de junio, comparto los criterios expuestos por José Cid y Beatriz Tébar en su artículo titulado: “Libertad condicional y delincuentes de alto riesgo”, publicado en la revista española de investigación criminológica, en el número 8 del 2012. En dicho artículo desaconsejan dicha figura porqué la libertad condicional se adecua más a los valores constitucionales que el modelo de prolongación de condena del proyecto de Código Penal y porqué el art 25.2 de la CE permite interpretar que el proceso de reinserción debe ser realizado durante el cumplimiento de la condena, desde un punto de vista armónico con las recomendaciones sobre esta materia del Consejo de Europa.

Finalmente la libertad vigilada no sólo es una medida poco orientada a la rehabilitación sino que además es mucho menos efectiva que la libertad condicional en cuanto a la capacidad de hacer cumplir las obligaciones impuestas; puesto que el incumplimiento de la reglas de conducta de la libertad vigilada puede llevar a la revocación de la medida y al consiguiente regreso de la persona a prisión, mientras que, en el caso de la libertad vigilada, el único mecanismo que se dispone para reforzar el incumplimiento de las reglas de conducta establecidas es la imputación de un delito de quebrantamiento de condena.

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