El TS también ha establecido que la fiscalización de la responsabilidad patrimonial del Tribunal Constitucional por su indebido funcionamiento corresponde al Supremo.

Aquello, pese a la reciente reforma legal en la que el TC se blindó para que nadie -y especialmente el TS– pueda inmiscuirse en su jurisdicción.

La decisión de la Sala que preside Ramón Trillo, adoptada por el Pleno de los magistrados con sólo cuatro votos en contra, augura, pues, un nuevo enfrentamiento entre las dos Cortes.

La cuestión de la responsabilidad patrimonial del TC se ha suscitado con ocasión de la demanda de un ciudadano -calificado por fuentes del Supremo como un «querulante profesional», dada la ingente cantidad de acciones jurídicas que promueve ante todo tipo de instancias- que vio rechazada su pretensión a ser indemnizado por la actuación del Constitucional.

El demandante había recurrido en amparo su despido, pero el TC inadmitió el recurso por falta de contenido constitucional.

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