Alberto Ruiz-Gallardón
El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dimitido y ha anunciado que deja la política después que presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijera que retirará la reforma de la ley del aborto.

En los últimos días, Gallardón había trasladado al jefe del Ejecutivo su intención de dejar el cargo al sentirse desautorizado en relación con un texto legal que apadrinó con fervor. Ante el rechazo definitivo del texto, el ministro ha decidido no solo renunciar a su cargo, sino también a su escaño en el Congreso y ha abandonado la política, después de 30 años, cuando quedan pocos meses para que acabe la legislatura.

El Gobierno retira la ley del aborto defendida por Gallardón

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había confirmado hace pocas horas que el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada redactado por el Ministerio de Justicia no vería la luz al no haber encontrado el consenso suficiente para sacarlo adelante.

Rajoy ha anunciado que el Ejecutivo reformará la actual normativa, vigente desde 2010, para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesiten el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo. A su vez, postará por un Plan de Protección de la Familia que verá la luz, según ha dicho, antes de finales de año. Actualmente, las menores que se quedan embarazadas están obligadas a informar a sus padres sobre su decisión de abortar, pero no pedirles autorización.

El jefe del Ejecutivo ha hecho este anuncio en declaraciones a los medios tras participar en el Congreso Mundial de Relaciones Públicas que se celebra en Madrid. “Creo que he tomado la decisión más sensata”, ha dicho.

El anteproyecto de ley, encargado por Rajoy al ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre. El texto eliminaba el aborto libre en las 14 primeras semanas -sistema que está en vigor desde 2010- y lo convertía en un delito despenalizado en ciertos supuestos, más restrictivos que los previstos por la ley de 1985.

Concretamente, según el anteproyecto de ley ahora retirado, la mujer podía acogerse al aborto solo en los casos de violación y “grave peligro para su vida o su salud física o psíquica”. La presencia de malformaciones fetales graves no era motivo de aborto, aunque sí lo era el efecto psicológico que eso podía tener en la embarazada. 

El caso de las menores de edad 

El Gobierno sí pretende reformar la ley actual en relación a la necesidad de que las menores de 16 y 17 años cuenten con el consentimiento de sus padres para poder abortar. En este sentido, todavía se desconocen los detalles de la reforma, pero es probable que se mantenga el texto previsto en el anteproyecto de ley ahora rechazado.

Este obliga a que las jóvenes de entre 16 y 18 años de edad y las mayores sujetas a curatela presten su consentimiento con el asentimiento de los padres o tutores o curadores para poder interrumpir su embarazo de forma legal. El texto contempla que si hubiera controversia entre ellos, el juez considerará que es válido el consentimiento de la menor salvo que constate su falta de madurez, en cuyo caso resolverá atendiendo “a su interés”.

El texto prevé que en los casos de menores de 16 años o mujeres mayores sujetas a tutela sea necesario el consentimiento de los padres o tutores y la manifestación de la voluntad de la menor, para lo que se atenderá a su edad, madurez y circunstancias. En caso de desacuerdo, el anteproyecto dispone que el juez dará valor al consentimiento de los padres o tutores siempre y cuando atienda al interés del menor.

“El juez intervendrá con el procedimiento urgente que esta norma introducirá en la Ley de Enjuiciamiento Civil siempre que haya motivos que impidan o desaconsejen que se consulte a los representantes legales o curadores; cuando nieguen su consentimiento o asentimiento; o si expresan opiniones distintas”, dispone el texto.

1 Comentario

  1. Creer que tienes la llave del cielo y el don de de la solución excluyente en el marco de valores difuminados por el ordenamiento jurídico constitucional, unido al mal justo del poder democràtico absoluto derivado de la mayoria que ostenta la asociación política en la que me integro, vemos que tiene resultados no deseados sobre la sonrisa generadora de un cambio de perfil, de la creación de tasas impeditivas de la acción judicial, del enlace impropio con el poder judicial para la obtención de la decisión política, del aborte en Londres que aquí no se lo consiento, de la vida del nasciturus frente a la no vida (real y aceptada) del/ de la homosexual o del nuevo visionamiento del turno de oficio y de la organización judicial.

    Se va la persona, dice que de la política – concepto demasiado amplio-, se queda la obra como una visión de partido no unánime pero que puede ser continuada sumiendo al país en continua división de valores bajo la amenaza del mediador en forma de Real Decreto Ley anunciador de un nuevo fin de semana.

    No hay lágrimas.

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