El Pleno del Senado ha aprobado la tarde del martes 8 de septiembre el proyecto de ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, texto que procede del Real Decreto-Ley 16/2020 y que se ha tramitado por el procedimiento de urgencia.

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El texto aprobado por la Cámara Alta recoge la enmienda transaccional que suprime la obligación de los profesionales de la Justicia de solicitar una cita previa para acceder a los juzgados. El artículo 18, que recoge la enmienda transaccional acordada entre todos los grupos parlamentarios, suprime la alusión a los profesionales, por lo que la ley limitará el acceso únicamente al público, mientras que abogados, procuradores y graduados sociales no se verán afectados por esas limitaciones de acceso a las sedes judiciales.

La eliminación para los abogados y demás profesionales de la Justicia de tener una cita previa para acceder a los juzgados y tribunales fue la principal demanda formulada a través de sus observaciones por el Consejo General de la Abogacía Española. Desde la Abogacía no se entendía esta limitación de acceso a los letrados y procuradores por las importantes trabas que ello suponía para la ejecución de su trabajo cotidiano en defensa de los derechos de ciudadanos y empresas.

El texto aprobado por el Senado finalmente ha incorporado esta enmienda transaccional que fue respaldada por todos los partidos políticos en base a la propuesta del Grupo Parlamentario del PNV, frente a los textos presentados por otros grupos, cuya redacción era más compleja y sujeta a diferentes interpretaciones.

Los portavoces de todos los grupos parlamentarios han destacado durante la tramitación de esta norma en la Comisión de Justicia la importancia de que abogados, procuradores y graduados sociales no tengan trabas en su acceso a los tribunales, por lo que no será necesario que soliciten cita previa para acceder a los juzgados.

Tras su aprobación definitiva en la sesión plenaria del Senado del martes 8 de septiembre, la norma regresará al Congreso, donde el proyecto ley deberá ser refrendado por la Cámara Baja antes de convertirse en ley.

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