La necesidad de adquirir material sanitario a raíz de la pandemia del Covid-19 ha llevado al Gobierno español y a algunas Comunidades Autónomas a intentar comprarlo a otras naciones productoras, dejando al descubierto la importancia de asegurar estas operaciones mercantiles protegidas bajo un marco contractual que refuerce las garantías de cumplimiento. 

Estas circunstancias fueron analizadas durante el transcurso de un webinar organizado por ISDE bajo el título ‘Abogacía Internacional: Claves para ofrecer una contratación internacional segura’, en la que Ignacio Parellada, socio responsable del área mercantil de CHR, en calidad de moderador preguntó a sus dos acompañantes sus impresiones sobre esta materia.

“Es un panorama complicado y oscuro”, explicó Xavier Miravalls, socio responsable de M&A de RSM Spain, “ya que, con la crisis sanitaria del Covid de fondo, los clientes se han presentado con planteamientos nuevos, en torno a transacciones de carácter internacional muy complejas que han causado situaciones tensas debido a la dificultad de establecer garantías de cumplimiento”.

Meritxel Barnola, counsel de Faus-Moliner Abogados, recordó que la ley de contratación pública actual es una norma muy extensa que data de 2017. Según ésta, el procedimiento de contratación de una empresa por parte de la Administración puede llegar a durar hasta seis meses, que van desde la convocatoria y admisión de las ofertas hasta la adjudicación por puntos de la empresa proveedora. En cambio, la contratación por parte de la Administración de una empresa en el extranjero, al considerarse un caso puntual, está en tan solo una disposición, según la cual los dos únicos requisitos necesarios para su aplicación es que los contratos se formalicen y se ejecuten en el extranjero.

Miravalls describió la complejidad de la situación citando el ejemplo de un cliente suyo que sirvió como uno de los intermediarios en la compraventa de mascarillas entre dos países cuyas legislaciones les impedían negociar directamente entre ellos. En esta operación hubo que recurrir a varios intermediarios de países distintos para que todo resultase legal y saliese adelante. En el transcurso de la operación, las negociaciones se realizaban por correo electrónico, sin contratos de por medio, y había que buscar garantes para que todos cumplieran y recibiesen su parte. Para ello, se usó un modelo de garantía emitido por una entidad bancaria, pero respaldado no por la entidad, sino por un tercero. La persona que recibía la garantía la podía llegar a endosar, es decir, utilizar su valor económico como capital para otras transacciones pasando a formar parte de un mercado secundario. La complejidad de esta operación implicaba también la duda de ante qué jurisdicción debía de responder cada uno de los implicados en cada momento de la operación.

A este respecto, Barnola continuó explicando cómo el Decreto del Estado de Alarma flexibilizó la contratación por parte de la Administración, permitiendo ante la emergencia poder recurrir a proveedores extranjeros sin antes comprobar su calidad y su solvencia, lo que condujo a los problemas y las pérdidas que en algunas transacciones se han ocasionado. Ante cualquier desavenencia, la contratación de la Administración Pública con proveedores extranjeros está sujeta en primer lugar a la jurisdicción española y en detrimento de ésta, al arbitraje.

Para fomentar un sistema de garantías, Merritxel Barnola sugirió que una tarea de las misiones diplomáticas podría ser elaborar en cada país un registro de empresas a contratar cuya solvencia y calidad esté certificada.

Fuente: ISDE

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