La providencia fue firmada tras la implicación de nuevos aforados en la trama según el contenido de un informe policial de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) en poder del magistrado, informa José Yoldi.

El nuevo escrito de Garzón, de 16 líneas y difundido un par de horas después de la querella del PP, abre la puerta a que diputados o senadores nacionales sean objeto de investigación en el marco de la operación Gürtel que instruye el juez. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ – art. 57.1.2º), el tribunal competente para juzgar a estos aforados sería el Tribunal Supremo.

La nueva providencia del magistrado de la Audiencia Nacional descubre una de las incógnitas abiertas el pasado viernes tras la solicitud de Garzón al servicio de reprografía del juzgado de tres copias de las actuaciones con el objeto de iniciar su inhibición de la causa.

Las dos primeras irían a parar a los tribunales superiores de las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia, como ya solicitase la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de febrero. La tercera copia, según se desprende de esta nueva providencia, iría a parar al Alto Tribunal.

No obstante, el magistrado pregunta a Anticorrupción si «vista la conexión que estos hechos (derivados del nuevo informe policial) guardan con los relativos a los aforados de Madrid» procede trasladar toda la causa a la Sala Segunda del Supremo.

Hasta el momento y según se ha podido saber de las actuaciones de Garzón y los escritos de la Fiscalía, los aforados implicados en la red de corrupción serían el presidente valenciano, Francisco Camps, el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. Además, en las grabaciones efectuadas en la operación, aparecen Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por Cantabria, y Esteban González Pons, diputado por Valencia y vicesecretario de comunicación del PP. Ambos son mencionados por el presunto cerebro de la trama, el empresario Francisco Correa.

La nueva providencia de Garzón, que dice haber recibido el informe policial ayer martes, solicita al Ministerio Fiscal que resuelva sobre lo preguntado en un máximo de 48 horas. Es este plazo el que prevé con carácter general la Ley de Enjuiciamiento Criminal para inhibirse de aquellas causas en las que estén implicados aforados. Precisamente, la demora en el traspaso de competencias de forma «consciente» es lo que ha llevado al PP a querellarse hoy contra el magistrado ante el Supremo y solicitar su inhabilitación por un periodo de 10 a 20 años.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.