El ministerio de Justícia aprueba la inversión y la resolución de conflictos en el grave error informático que provocó el cierre de LexNET justicia, la plataforma de interconexión de información entre abogados y jueces el pasado 27 de julio.

LexNET justicia

“Podían habérselos gastado antes” ironiza en la red de Internet, David Maeztu, en referencia a 61,2 millones que el Ministerio de Justicia ha anunciado que destinará a LexNET. Maeztu recuerda que en 10 años el Ministerio invirtió nada más 7 millones en esta plataforma informática que sirve de comunicación entre los actores del sistema judicial. El escandaloso problema de fondo sigue intacto: LexNET permanecerá bajo la jurisdicción del Ministerio de Justícia, que conserva su acceso privilegiado a tota la documentación de los juzgados españoles.

El ministerio de Justícia se ha puesto las pilas después del problema ocasionado el pasado 27 de julio, cuando se descubrieron los graves errores en el programa LexNET, que permitía a todos los abogados pudieran acceder a toda la información de otros casos, además de detectar un importante agujero de seguridad en los sistemas de informáticos de los juzgados gallegos. Para acabar de adornar el tema, un joven hacker, descubrió que un ordenador del Ministerio de Justicia estaba conectado a internet sin ninguna contraseña y con información sensible totalmente disponible.

Inversión de 61 millones para LexNet Justicia  que no confirma la seguridad

El ministro de Justícia Rafael Català se comprometió a comparecer en el Congreso para dar explicaciones antes del próximo 1 de septiembre, y lo quiere hacer con un buen escudo: la promesa de una inversión de 61,2 millones, que acaba de ser aprobada por el Consejo de Ministros. Con este dinero se pretende solucionar los múltiples problemas de la plataforma LexNET y su integración con las diferentes plataformas de las comunidades autónomas.

El plan de Català prevé gastar 36 millones de euros en la compra de servidores físicos y de almacenaje de datos, cuya inversión se la llevará íntegramente la empresa de Hewlett-Packard. Se gastarán también 19,1 millones en solucionar los problemas de todas las plataformas digitales de la administración de justicia, incluida LexNET. Por último, 6 millones irán a parar a la integración de sistemas de las comunidades autónomas con LexNET. Uno de estos sistemas, es el utilizado en Galicia, Minerva, que tiene un agujero de seguridad garrafal, ya que permite que cualquier usuario registrado pueda acceder a los sumarios, secretos, y a los datos de testigos protegidos o víctimas de violencia machista.

Pero como en todo, el dinero no da la felicidad… ni la seguridad total, como recuerda el abogado e ingeniero de telecomunicaciones, Sergi Carrasco: “El dinero no lo arregla todo, es importante que se hace con él, así como la voluntad y el trabajo conjunto con los diferentes sectores que hacer servir la aplicación”. Para Carrasco está claro que esta inversión “puede solucionar algunas de las críticas más generales, como es la sobrecarga de servidores, que muchas veces ralentiza el servicio de consultas”, pero también ve prioritario “realizar un análisis de seguridad”, del que no se habla para nada en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros.

LexNET justicia bajo la jurisdicción del Gobierno español

Además, recuerda el abogado, que hay un tema clave que no queda resuelto: “LexNET continúa dependiendo del Ministerio”. La gran queja de los actores durante años no ha sido solo por los errores de LexNET, sino el hecho de que este sistema debería de estar bajo la jurisdicción de los Colegios de Abogados y el Consejo General del Poder Judicial, y no del Gobierno Español. David Maeztu ha sido uno de los más activos en esta batalla: “El estado que se relaciona con la justicia tiene que ser uno más, no puede conocer los datos de los abogados, saber a quién defienden y entrar en sus carpetas”.

Maeztu tiene claro que “los problemas informáticos de LexNET se taparán y no se entrará en la discusión de fondo que es la de que el Gobierno pueda saber quién ha interpuesto una demanda, decidir que programas han de hacer servir los abogados o poner campos en los formularios de presentación de demanda obligándonos a introducir informaciones que por ley no estamos obligados a facilitar”. Maeztu recuerda, también que hay posibilidades de monitorización de LexNET, como instalar un programa keylogger que registre todo lo que tecleen en el sistema los abogados, procuradores, fiscales o jueces, o bien, cruzar los datos del sistema. Es imposible saber si esto se está haciendo o no, dado que el código de LexNET está cerrado. Según los abogados, si todo esto no se hace, será cuestión de tiempo.

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