En esta segunda encuesta que Instituto Dym ha realizado para la Asociación de Abuelos Separados de sus nietos, hemos visto en días anteriores cuestiones como la custodia compartida y las posibles denuncias falsas que se interponen para lograr un mejor convenio regulador en la separación.

También, esta segunda oleada ha incluido dos temas relacionados con las alternativas que se están planteando de cara a la futura reforma de la legislación del divorcio, concretamente con la función de los operadores jurídicos hasta hoy protagonistas exclusivos de la materia: jueces y abogados.

Respecto a la intervención judicial en las separaciones y divorcios, el 70% de la población prefiere esquivar la competencia judicial, y optan por “llegar a un acuerdo privado a través de mediadores, sin acudir al juzgado”. Hay que destacar que el rechazo detectado por la encuesta no es una manifestación más del descrédito y la deslegitimación social general que padece la Administración de Justicia según todos los estudios demoscópicos, sino que se refiere concreta y específicamente a los miembros de la judicatura, es decir, a la actuación de los jueces y magistrados de familia. Solo el 25,6 % prefieren que con ocasión del divorcio “los abogados defiendan los derechos de cada uno y el juez decida”.

En contraste con otros aspectos de esta encuesta en que el sesgo de género es muy marcado, en lo que se refiere al rechazo a la competencia judicial no hay diferencias en los porcentajes entre los dos sexos. Tampoco se aprecian diferencias de opinión por razón de hábitat, clase social o profesión de los encuestados.

En la distribución geográfica de los resultados la mayor preferencia por la mediación y las soluciones extrajudiciales a los divorcios alcanza los mayores porcentajes en dos zonas de muy distinto nivel de desarrollo económico; en Andalucía, el 78,3%, y en la zona metropolitana de Barcelona llega a la llamativa cifra del 84,4%.

Abogados, solo si es necesario

Respecto a si “debe ser imprescindible la intervención de los abogados en las separaciones y divorcios” la opinión pública es partidaria por un escaso margen de prescindir de dicha intervención, dato que coordina con la tendencia general a la desjudicialización de las crisis familiares. La preferencia por el divorcio privado y sin abogados, presenta en esta encuesta dos datos significativos en la desagregación de datos por sexos y por zonas geográficas.

Entre los varones, la proporción de quienes piensan que los abogados de familia “complican y encarecen los divorcios” es diez puntos superior a quienes consideran imprescindible su actuación (51% frente a 41%). Por el contrario, entre las mujeres, la preferencia es la inversa, pero con una diferencia inferior, de poco mas de seis puntos: el 49,7% creen imprescindible divorciarse con abogado, 43,5%, no.

La percepción por los encuestados del carácter obligatorio de la intervención del abogado de familia puede responder más a un problema de información de que opinión. La horquilla más amplia de toda la encuesta se registra en la distribución territorial de resultados de este concreto epígrafe, en que hay más de cuarenta puntos de diferencia entre la Zona Centro y el área metropolitana de Barcelona. Es decir en parte de Extremadura, Castilla-León Castilla-La Mancha y comunidad de Madrid (excluida la capital) sólo el 33% rechaza la intervención del abogado, posiblemente por considerarlo legalmente imperativo. Por el contrario en Barcelona capital y su zona de influencia, se registra el mayor porcentaje de rechazo a los abogados de familia, alcanzando el 73,3%

El balance de esta segunda oleada de la encuesta arroja un panorama claro sobre las preferencias de la ciudadanía respecto de la futura reforma de la ley del divorcio: La consideración al interés de los hijos en los divorcios no debe producir efectos sistemáticamente perjudiciales contra los padres y los parientes paternos ni generar privilegios para las madres; custodia compartida de los hijos como opción preferente; liquidación de la vivienda con ocasión de  la crisis familiar, sin esperar a que los hijos se independicen; preferencia clara por los mecanismos privados de regulación del divorcio, con rechazo a la administración de justicia y a la intervención de los actuales operadores jurídicos especializados. Desconfianza mantenida contra la ley de violencia de género en su relación con los efectos de las crisis familiares.

Se puede consultar el Estudio y otra documentación, aqui

http://www.abuelosseparadosdesusnietos.org/documentos/documentos.html

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