Confiesa con agrado que algunos de los objetivos que se propuso en su toma de posesión hace un año van camino de cumplirse.  Como observador privilegiado que es de esta institución, de la que toma parte de sus decisiones,  Joaquín García Bernaldo de Quirós, actual presidente de la CNC (Comisión Nacional de la Competencia), aprecia en sumo grado la profesionalidad y seriedad de los técnicos  que configuran esta entidad “con clara vocación de servicio a los intereses de nuestro país”.  En su opinión este organismo regulador ha alcanzado una velocidad de crucero importante, tanto a nivel investigador como resolutorio lo que incide en las garantías del derecho a la defensa de las empresas.  Ahora, queda pendiente saber cómo encajará en el nuevo macro organismo regulador, el futuro CNMC  (Comisión de los Mercados y de la Competencia): “. La aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia seguirá impulsándose sea cual sea el órgano final que se constituya desde el punto de vista regulador.” Subraya

Joaquin García Bernaldo de Quirós forma parte de un magnífico cuadro de ponentes que configuran el II Congreso de Competencia y Regulación, organizado desde Fundación Fide, los próximos 26 y 27 de septiembre en colaboración la Universidad Rey Juan Carlos-URJC-Vicerrectorado de Extensión Universitaria, la Comisión Nacional de Competencia-CNC y el Seminario científico “La potestad sancionadora de los organismos reguladores”, (proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. En esta ocasión se centrará sobre Cuestiones Actuales del Procedimiento Sancionador en Derecho de la Competencia. El propio presidente de la CNC explicará a los asistentes la relación estrecha entre el derecho comunitario y la legislación nacional de un país como el nuestro. “Nuestro derecho sancionador es muy avanzado, garantista y respetuoso y también un derecho flexible”, comenta

La finalidad del Congreso, consiste en analizar y poner en común, a través de la aportación de numerosos expertos en la materia, las nuevas perspectivas jurídicas y económicas que se desprenden del procedimiento sancionador en Derecho de la Competencia.. Como es de sobra conocido, desde la aprobación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), se han establecido nuevos objetivos en este ámbito en relación con la actividad procedimental de las Administraciones Públicas encargadas de su aplicación.

Así, por un lado, desde el punto de vista normativo, la Ley refuerza las labores de investigación, así como las de naturaleza sancionadoras, que vienen atribuidas tanto a la Comisión Nacional de Competencia como a las autoridades autonómicas. Respecto a la actuación inspectora, se incrementan los poderes de la Dirección de Investigación tendentes a perseguir las conductas más restrictivas de la competencia, esto es, los cárteles.

En este cometido, surgen diversos problemas derivados de la tensión que se produce entre los derechos de los inspeccionados y la actuación inspectora que deben ser objeto de estudio y debate en el presente Congreso.

Por otro lado, desde la perspectiva eminentemente procedimental, la LDC introduce importantes novedades en el procedimiento sancionador dirigidas fundamentalmente a lograr una mayor eficacia del mismo. En este ámbito cabe destacar diversas cuestiones problemáticas que en la actualidad se están produciendo, como por ejemplo, los aspectos relacionados con el acceso al expediente y la confidencialidad del mismo, o, los temas relacionados con las actuaciones complementarias de la actuación procedimental.

Igualmente, se puede señalar una cierta flexibilización del régimen de terminación convencional del procedimiento sancionador, centrado en la posibilidad de proponer compromisos por parte de las empresas, que precisa de un análisis jurídico específico que será, igualmente, objeto de atención específica en el Congreso.

En definitiva, en el presente Congreso se examinará en profundidad las diversas cuestiones que el procedimiento sancionador en Derecho de la Competencia depara a los diferentes actores -personal de las autoridades de competencia, jueces, abogados, académicos, etc.- que desarrollan su actividad en este ámbito.

Por todo ello, era obligado hablar con Joaquín Garcia Bernaldo de Quirós, ponente de este evento de gran trascendencia y actual presidente de la CNC, para conocer su opinión sobre cómo va a desarrollarse este evento, amen de otras cuestiones de actualidad.  Maria Naranjo, jefa de Gabinete de la Presidencia, asiste a esta conversación periodística

 Sr García. En su toma de posesión señaló la lucha de CNC contra los cárteles y empresas de posición dominante, así como el cumplimiento de las resoluciones.. ¿Cómo se ha avanzando en esas actividades?

Creo que vamos cumpliendo de forma progresiva con las expectativas planteadas.

Si usted contempla los datos el importe económico de las sanciones ha crecido, cuestión que va en relación con los beneficios de esas empresas infractoras. Este dato significa que estamos atacando a aquellas conductas irregulares contempladas por la ley.

De forma paralela se puso en marcha la Subdirección General de Vigilancia y Resoluciones para ayudar al cumplimiento de todas las resoluciones que emanan de nuestra entidad, así como el cumplimiento de las sanciones que hemos dictado.

Otro aspecto que hemos desarrollado mejor es el mecanismo sancionador, ahora más rápido para el pago de la multa. Esto es gracia a la coordinación con otras entidades como la Dirección General del Tesoro y otros organismos.

¿Cómo va a afectarla a la CNC la puesta en marcha del nuevo organismo macro regulador del que ya tenemos el dictamen del Consejo de Estado?

A la hora de responder esta pregunta debo apelar al voluntarismo personal y al voluntarismo de este órgano. Estamos convencidos que el nuevo organismo regulador va a funcionar muy bien.  Y si sigue los parámetros de la CNC, los niveles de exigencia y profesionalidad serán notables, no nos cabe la menor duda.

A corto plazo seguiremos realizado estudios sectoriales sobre sectores clave de nuestra economía desde nuestra Dirección de Promoción.

Así este verano publicamos el de carburantes que tanta repercusión tuvo a nivel informativo e institucional al generar un debate sobre la ordenación de este mercado. También los de calidad alimentaria y el referido al de las marcas y la distribución sirvió para dejar claro el peso específico creciente de la marca blanca.

¿Y a nivel operativo habrá muchos cambios,entonces…?

Es pronto para decirlo aún. Lo que si puedo indicarle es que nuestra actividad investigadora seguirá su curso habitual, sin bajar por ello nuestra actividad habitual laboral hasta nuestra integración en el llamado CNMC  (Comisión Nacional de los Mercados).

No creemos además que el proceso de fusión afecte mucho a nuestro trabajo. La aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia seguirá impulsándose sea cual sea el órgano final que se constituya desde el punto de vista regulador.

Procuraremos que este nuevo organismo tenga el bagaje suficiente, tanto a nivel intelectual, de trabajo y resoluciones para que dicha Ley se cumpla como hasta ahora o mejor.

Esto hará que se mantenga el reconocimiento europeo, como se hace ahora a la CNC, del trabajo que se haga en el futuro por ese futura entidad reguladora.

El nuevo órgano pondrá nuevas reglas de juego pero a la vez será árbitro para que cumpla dicha normativa. El Derecho de Competencia será clave en esta nueva institución reguladora y creo que es justo que asi sea.

En este II Congreso sobre Derecho Regulación en el que se analiza el proceso sancionador de la CNC, usted tiene una ponencia que relaciona el Derecho Comunitario con la legislación nacional, ¿Cómo se vertebra en la práctica estas dos realidades?

Hay una relación muy fluida entre ambas entidades; es evidente que los debates y discusiones enriquecen nuestro trabajo.  En la riqueza del derecho comunitario hay que dejar claro que hay muchos aspectos de nuestro derecho inmerso en él.

El derecho comunitario, es nuevo para nosotros, eficaz y garantista, además de flexible en materia sancionadora; es el caso de los programas de clemencia que permite restablecer el interés general, sin necesidad de la sanción habitual de otros procedimientos

Esta aportación del derecho comunitario, con notables raíces anglosajones, es muy utilizado por la Comisión Nacional de Competencia. Y en ese sentido ese uso del derecho comunitario por nuestra parte sirve de estímulo para otras administraciones públicas para que sigan esa misma orientación.

Nuestro derecho sancionador es muy avanzado, garantista y respetuoso y también un derecho flexible

¿Cuál es el grado de reincidencia de estas conductas ya sancionadas?

Hay que deslindar la crisis que vivimos de nuestra actividad sancionadora.  Es cierto que se contempla ciertos supuestos de reincidencia, pese a las sanciones que se implantan. Con ello se detecta que es posible que en esos sectores determinados no haya calado la cultura de competencia en el sentido que nosotros queremos y, a la vez, es posible que esas sanciones y su importe no ha sido el correcto, en la medida que esa empresa o entidad vuelve a delinquir.

En este evento estarán presentes diferentes organismos autonómicos de competencia, ¿Cómo articulan su relación con la propia CNC realmente?

Las relaciones institucionales son excelentes; hay una coordinación máxima ente entidades para asi ofrecer la mejor respuesta a la sociedad de nuestra actividad.

Un posible traspaso de las autonomías al organismo central solo dependerá de las comunidades autónomas que lo reclamen. En los dos casos que se ha producido asi, Madrid y Castilla La Mancha, nosotros hemos asumido la capacidad de resolución y las citadas autonomías han mantenido su actividad investigadora.

Al final logramos una solución perfecta para ahorrar costes. La instrucción de los expedientes por parte de los funcionarios autonómicos permite estar cerca de los hechos, con lo cual se sabe el mercado que hay que analizar

Con posterioridad, la resolución del órgano central permite más lejanía para resolver con independencia esa cuestión concreta. De esta forma se mantiene el principio de descentralización efectiva.

¿Comparte con su antecesor, Luis Berenguer, que el Estado y su actuación restringe mucho la libre competencia en los mercados?

Coincido en ese planteamiento que usted señala.  Con los números en la mano el propio Estado tiene una notable influencia en el desarrollo correcto de los mercados. Nadie discute el peso específico del sector público en la actualidad y, desde esta perspectiva, su capacidad de interferencia puede ser importante, incluso aunque no sea consciente de ello de forma voluntaria.

A este respecto, recuerdo en la última etapa del mandato de mi predecesor, Luis Berenguer,  hubo una importante resolución de CNC, que reprochaba por vez primera a una administración pública la práctica legal de una actividad que podría alterar la citada libre competencia.

Es fundamental que nos demos cuenta de la neutralidad competitiva que debe asumir el sector público en la actividad económica

Otro de los temas que se va a abordar en este Congreso es el análisis en profundidad delprocedimiento sancionador de la CNC, ¿Dónde está la clave para una buena gestión del mismo?

Como antes ya le mencioné este procedimiento sancionador bebe sus fuentes en el propio derecho comunitario, donde están reflejadas experiencias de organismos reguladores de la Ue y del otro lado del Atlántico.

Quizás la parte más sensible, donde entra en juego la habilidad de nuestros profesionales, es en la parte de investigación y recogida de pruebas. Son trabajos exhaustivos para el que no conozca como procedemos que salvaguardan las garantías procedimentales.

En este sentido no solemos aceptar denuncias anónimas si con posterioridad no se han comprobado en diferentes fuentes probatorias. Son necesarias más pruebas precisamente para garantizar el derecho a la defensa de los hipotéticos inculpados

Con posterioridad hay otra gran labor de interpretación de esos mismos datos. No siempre se obtiene la prueba de forma sencilla; en muchas ocasiones hay que unir esos datos para lograr lo que se busca.

Respecto a la fase de resolución de nuestra entidad hay un gran debate técnico sobre las garantías procesales y de la necesidad de llegar a una explicación en ciertos asuntos, de la que depende a veces la presunción de inocencia. Nuestro trabajo pretende salvaguardar el derecho a la defensa de las posibles empresas imputadas.

En este trabajo de la CNC, llama poderosamente la atención los buenos resultados del programa de clemencia referidos a los cárteles…

Su propia existencia revela que ha sido un éxito como iniciativa tanto desde el punto de vista procedimental como desde la cobertura del propio interés general. Se trata de perseguir aquellas conductas que distorsionan el mercado frente a otras entidades que si hacen cumplimiento de esa normativa.

Es realmente una implantación del derecho anglosajón donde las grandes empresas acuden a colaborar con la CNC para que su nombre y reputación no se vea envuelto en esa investigación. No podemos identificar clemencia con delación.

¿Cómo se ve desde la CNC la actividad de los despachos de abogados y su apuesta por el derecho regulatorio y de competencia?

Las relaciones con los despachos y asesorías son buenas y fluidas. Se trata de ayudarse mutuamente en este difícil campo de la competencia

Esa reestructuración de la abogacía de áreas específicas hacia áreas del derecho de la competencia demuestra la consolidación de la CNC y el éxito de la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.

Al final tanto la sociedad como la actividad económica demandan de los propios juristas especialización en esta materia. Los abogados hacen su análisis de la realidad y observan que este tipo de cuestiones necesitan de su concurso y conocimiento, especialmente si desemboca en cierta litigiosidad que acaba en los tribunales.

También los medios de comunicación es loable en este terreno. Creo que entienden la importancia de nuestras resoluciones y los efectos de las mismas. Nuestro trabajo con ellos es que entiendan nuestro trabajo desde la promoción del llamado derecho de competencia. A nivel sectorial sufren como cualquier actividad económica procesos de concentración o reestructuración, algunos de los cuales saltan a primera plana por su impacto mediático.

Al hilo de esta cuestión y con el paso del tiempo, ¿Cómo valora la decisión del Gobierno de autorizar la fusión de Antena 3 y la Sexta pese al informe de la CNC?

Hay que situarla en su contexto legal correspondiente. Y darse cuenta que en esta caso, es el concepto de interés general, solo respaldado por el Consejo de Ministros y reflejado en nuestra legislación quien impulsa esta operación en concreto y que puede modificar ciertas condiciones de competencia detectadas desde la CNC

Desde este punto de vista hay que dejar claro que tan ajustado a derecho era nuestra resolución sobre esta fusión observando cuestiones de competencia en ese mercado, como la propia decisión del Consejo de Ministros, amparada en el interés general de autorizar dicha operación de fusión.

Las dos iniciativas están contempladas en la ley. Y el juicio de nuestra actividad y la del propio Consejo de Ministros no me corresponde hacerlo a mi. Tenga en cuenta que es la primera vez que con la ley actual sucede un hito de estas características.

Otro asunto del que estamos esperando una pronta liberalización tiene que ver con los colegios profesionales, donde el dictamen de la CNC  ha sido concluyente definiendo prácticas restrictivas de estas instituciones….

Nuestra entidad desde el pasado 2008 tiene una posición clara sobre este asunto. En realidad se trata de responder a nuestro derecho comunitario europeo para impulsar una liberalización de los servicios profesionales que exige Europa a todos sus países miembros.

Esta liberalización ayudará a mejorar nuestra actividad económica palpable. En países como Estados Unidos se puede cuantificar con un incremento notable de su PIB.

Desde la CNC se ha pretendido abordar el tema y dejar claro como se debe adaptar nuestro derecho a ese proceso liberalizador del que le hablo.

No podemos olvidar que la directivas son de obligada trasposición y que la responsabilidad final es la del Estado de su posible no ejecución.

 Por último ¿Cómo vislumbra ese futuro para los propios colegios profesionales?

Estoy convencido que influirá en la mejora y eficiencia de los propios colegios profesionales. Tendrán que adaptarse a la nueva realidad que surja de la nueva normativa que se implante en nuestro país.

Al final este tipo de entidades serán más competitivas y muchos de los servicios que se creen justificarán su existencia como entidad colegial.

De forma paralela deberán de huir de actividades que, tanto nosotros como otros organismos, hemos detectado que son barreras de entrada al ejercicio de determinadas profesiones

 

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