Después de tres días intenso debate y trabajo en Vitoria, los jueces decanos españoles presentaron a la opinión pública unas duras conclusiones sobre el estado administración de justicia en nuestro país. Quizás el más duro que se conoce en mucho tiempo. En ese documento  se hablaba de la desorganización de nuestro sistema jurídico y de la falta de voluntad política, tras cerca de cuarenta años de democracia, para invertir en medios y recursos humanos en nuestra justicia. Jose Luis González Armengol, juez decano de Madrid y uno de los asistentes, es una de las voces más autorizadas para profundizar en este contexto: “Es muy curioso que la administración de justicia junto con la tributaria sea la que más aporta al Estado, sobre todo en dinero en consigna, pero apenas reciba la inversión necesaria para modernizarse”. A lo largo de esta conversación que mantenemos en su despacho repite varias veces el concepto inversiones inteligentes y muestra su preocupación cuando hablamos de recortes “no sería lógico que tuviéramos más, pero sabemos desgraciadamente que no somos una prioridad”.

El citado documento aprobado en Vitoria señala la necesidad de un Acuerdo Nacional entre todos los operadores jurídicos para colocar a la justicia, como servicio público que es, en el lugar que le corresponde: “Es cierto que hay una serie de intereses corporativos importantes en este sentido, con tantos colectivos diversos. Si logramos que nos reunamos todos los operadores jurídicos tendremos que hacer cesiones para que el acuerdo funcionase”. Desde su perspectiva, sabiendo que el coste medio de un procedimiento está sobre los 1300 euros hay que plantearse abiertamente que asuntos de escasa cuantía o los juicios de falta, recogidos en el Código Penal, pasen por los juzgados: “En estos casos, como en otros asuntos se puede optar por las vías extrajudiciales, como el arbitraje y la mediación,  métodos muy útiles y en los que los jueces ya creemos por la gran carga de trabajo que soportamos.»

La Administración de Justicia es la asignatura pendiente de nuestra Democracia. El progreso operado en España en los últimos treinta años no ha alcanzado a una Administración de Justicia que se muestra incapaz de ofrecer a los ciudadanos un servicio público de calidad, moderno, eficaz, eficiente y adecuado a las necesidades de la sociedad actual, según el documento que adjuntamos en DIARIOJURIDICO y que resume el cónclave de Jueces Decano en Vitoria

A juicio de estos magistrados,  la actual incapacidad y saturación del sistema de Justicia tiene su origen tanto en la cicatería de los presupuestos públicos del sector Justicia en las últimas décadas, como en el agotamiento del modelo de organización decimonónico todavía vigente. A ello se añaden la falta de atención real y decidida de los sucesivos legislativos y ejecutivos por la modernización del sistema de Justicia, el carácter errático de las políticas públicas emprendidas en este sector, y los frecuentes intentos de utilización partidista de la Administración de Justicia.  Llama especialmente la atención que en la última campaña electoral los grandes partidos políticos no hicieran referencia alguna a la situación de la Administración de Justicia en España.

Desde su punto de vista es fundamental disponer de   una justicia ágil es un elemento fundamental para favorecer la seguridad jurídica y por tanto la reactivación económica y la inversión interna y extranjera. Hay miles de millones de euros inmovilizados en los órganos judiciales fuera del circuito económico.

Los sucesivos gobiernos democráticos han eludido la necesaria reforma integral del sistema de Justicia. Se han limitado a intervenciones parciales y muchas veces contradictorias. Se ha instalado además en la sociedad española la inercia de reenviar al aparato judicial buena parte de los problemas y conflictos que las distintas instancias institucionales y sociales no aciertan a solucionar en otras sedes, con el efecto perverso de judicialización de toda la vida social, económica y política.

El resultado de todo ello es esta Administración de Justicia obsoleta y caótica, incomprensible en su funcionamiento e incapaz de generar confianza ni hacia dentro ni hacia fuera. Algo que sabemos bien los que trabajamos en ella. Algo que reiteradamente evidencian los sondeos de opinión ciudadana. Negarlo es engañarnos.

Los jueces decanos somos la máxima y más cercana expresión de representación de los jueces y magistrados que nos eligen de manera directa y sin intermediarios. Consideramos un ejercicio de responsabilidad profesional y de compromiso ético el denunciar ante la ciudadanía el abandono de la Administración de Justicia y sus efectos devastadores en el sistema de garantías y de protección de los derechos de los ciudadanos.

. Para ello hemos estado trabajando con el fin de elaborar una serie de propuestas a modo de directrices de las reformas más acuciantes que a nuestro juicio son imprescindibles para modernizar el sistema de Justicia en su conjunto. Estas propuestas se han centrado en cinco temas: Pacto de Estado para la Justicia, medidas para reforzar la imagen de independencia del Poder Judicial, propuestas para la modernización e innovación de la Justicia, relativas a una nueva planta judicial (reforma de la organización territorial)  y agilización procesal.

La información de las conclusiones se encuentran en este enlace: http://bit.ly/t0Z4mT

Sr González Armengol, la verdad que las conclusiones de sus jornadas no tienen desperdicio y dejan claro que desde su punto de vista la justicia está mal, sin medios….

Somos conscientes de la situación económica de crisis del país; precisamente por eso creemos que un funcionamiento correcto de la administración de justicia es el instrumento para garantizar mayor seguridad jurídica y que permita una salida rápida de la crisis económica.

Es el momento de aportar las soluciones pertinentes para salir del estancamiento crónico de la administración de justicia.  Ahora mismo, como comentamos en esa nota que usted alude, es la asignatura pendiente de nuestra democracia.

La palabra abandono aparece en ese resumen.. ¿Esta nuestra justicia abandonada realmente?

Las inversiones hechas hasta la fecha han sido muy parcas. Seguimos muy por detrás de los ratios de inversión europeos en justicia.

Ahora lo que hay que hacer son inversiones inteligentes;  que garanticen que muchos de nuestros procedimientos sean más agiles de lo que son en la actualidad. Sobre todo invertir más en jueces que en juzgados, en mi opinión.

Y luego dotar al aparado del poder judicial y, especialmente, a sus órganos de gobierno, de la imprescindible apariencia de independencia.  Para ello es fundamental frenar la interferencia del poder político en el ámbito de los nombramientos del poder judicial  a nivel de los doce vocales del CGPJ y que el Tribunal Constitucional recupere su papel jurisdiccional.

También en esa información que ustedes, los jueces decanos, han hecho pública señalan la desorganización, casi caótica de nuestro sistema jurídico…

Creo que la Justicia es la única administración con una pluralidad de intervinientes desde el punto de vista prestacional.

De esta forma , los jueces dependen del CGPJ pero sus retribuciones son abonadas por el Ministerio de Justicia. Sobre los secretarios judiciales, dependen del propio Ministerio mientras que los funcionarios, a  efectos retributivos depende de las Comunidades Autónomas.  Como ve intervienen tres actores, CGPJ, Ministerio de Justicia y Comunidad Autónoma cuando hay transferencia.

Todo ello genera un caos; dispersión de esfuerzos y evita la optimización en el funcionamiento de estos  órganos.  Sería ideal que se tendiera a una adscripción en una dirección única para lograr sacar el máximo rendimiento a cada una de los organismos de la administración de justicia.

En ese contexto, da la sensación que sea lógico que las Comunidades autónomas estén pensando devolver las transferencias en justicia…

En una de las conclusiones del documento que aprobamos en Vitoria apostamos por unificar todo el aparato judicial en una sola administración. Nosotros formalmente solicitamos que el poder judicial se respalde en unos nombramientos efectuados por jueces y magistrados y se incrementen sus funciones.  Creo que con ello se garantizaría físicamente la independencia de poderes que ya esbozó Montesquieu en su momento.

De esta forma se arreglarían muchas de las disfunciones existentes. Un claro ejemplo sobre la dispersión de esfuerzos lo vemos en los territorios donde se ha implantado la Oficina Judicial.  En cada lugar se detectan irregularidades.

Ahora que habla de la Oficina Judicial, se ha criticado mucho y ha servido como escenario de enfrentamientos entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ..

No es bueno que la gresca política llegue a la justicia, desde luego. Tengo también que decirle que no soy un detractor de la Oficina Judicial. Pero entiendo que hay que hacerla de forma coordinada; pausada y sin movimientos asimétricos.

Creo que la implantación de la misma se tendría que haber realizado simultáneamente en todo el territorio nacional, no en determinados sitios como se ha hecho al final.

Además es fundamental optimizar diferentes servicios comunes como registro y reparto y sobre todo, al igual que ya hemos hecho en Madrid, los propios servicios comunes de ejecución.   Con el modelo implantado en el llamado Servicio Común de Tramitación se vislumbran casi todos los problemas de esta Nueva Oficina Judicial

¿Teme que con la crisis, la justicia sufra más recortes y no se hagan las inversiones que se necesitan?

La preocupación esta ahí. De hecho si usted ha parado a analizar todas las propuestas de los partidos políticos que se presentaron el pasado 20N  en materia de justicia puede advertir , que solo la han dedicado unas 26 líneas en total, con meras referencias al sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ y al Tribunal Constitucional

Estamos preocupados porque los recortes puedan llegar a Justicia que ya es una administración castigada secularmente. Sin embargo, poco se conoce que junto con la Administración Tributaria, somos la entidad que mas recursos genera al Tesoro Público, si contabilizamos las cuentas de consignaciones y depósitos

¿No cree que esta falta de interés de los políticos por la justicia revela que no hay sintonía ni diálogo con  el poder judicial, sobre todo?

Hay que ser autocríticos en este sentido. Creo que existe diálogo entre las asociaciones y los responsables de política judicial con la clase política y grupos parlamentarios.

Es un diálogo permanente, de todas formas creo que debemos de incidir, porque igual lo estamos haciendo mal, en la necesidad de aumentar los medios en justicia para modernizar nuestro país en todos los términos. Además, como crítica tengo que confesarle que el mundo político ha sido poco sensible a la implantación de medidas importantes que ayudaran a mejorar la administración de justicia.

¿Serviría de algo crear una Comisión en el Parlamentaria sobre la Modernización de la Justicia?

Nunca se sabe. Aunque nosotros, los jueces decanos, proponemos un acuerdo nacional entre todas las partes implicadas para solventar las necesidades que todo el mundo ya conoce. Se trataría de adoptar un compromiso que en esta legislatura que se cumpliera.

Como ya hemos comentado se trata de focalizarnos en inversiones inteligentes que desterraría el modelo de creación del juzgado por el del juez. De forma paralela habría que seguir avanzando en la agilización de los procedimientos e implantar procesos céleres o rápidos en la mayoría de jurisdicciones. Y, a nivel de imagen, trabajar por la despolitización de nuestra justicia

En este contexto ¿está satisfecho del tratamiento que hacen los medios de comunicación a los  asuntos que tienen que ver con la justicia?

En los últimos años la política informativa relacionada con el mundo de la justicia ha cambiado notablemente. Cuando era pequeño veías algunas noticias jurídicas, siempre penales, que estaban al final de los propios periódicos.

Ahora, ha cambiado todo radicalmente. Se habla de la justicia y de su entorno a diario.  Muchos de sus colegas denuncian la politización de los órganos de dirección de la justicia en asuntos concretos, lo que ha generado los juicios mediáticos paralelos con las consecuencias negativas que eso comporta.

Creo que no tengo que hacer ningún reproche a la actuación de los medios de comunicación sobre el tratamiento informativo de las noticias. Es verdad que nos gustaría más la carga de trabajo que hay en los juzgados; quizás la más importante de toda Europa. Aun tenemos la media juez y juzgado muy baja respecto a cualquier país de la UE

Sobre ese Acuerdo Nacional que han planteado los jueces decanos,  ¿no cree que es complicado entenderse con el mundo de la abogacía, como así se ha puesto de manifiesto con las últimas reformas procesales?

Es cierto que hay una serie de intereses corporativos importantes en este sentido. Si logramos que nos reunamos todos los operadores jurídicos tendremos que hacer cesiones cada colectivo, en concreto.

Según datos que manejamos el coste de un proceso, en términos medios, supone 1300 euros.  Habría que analizar entonces si es imprescindible  mantener  todos los juicios de falta recogidos en el Código Penal o despenalizarlos.

Ver también si cuantías de 30 o 40 euros merecen la pena que active el engranaje de la administración de justicia, o, en su caso, en determinadas materias potenciar determinados mecanismos extrajudiciales. De hecho la mediación está abierta a todos los colectivos y ahí creo que el abogado tiene un territorio aún por explorar.

Cita las soluciones extrajudiciales ¿Dónde ve el futuro de estos métodos alternativos de resolución de conflictos?

Creo que ya el cambio cultural ha llegado a la judicatura en este terreno. Sobre todo por la gran carga de trabajo que soportamos que se traduce en un exceso importante de litigiosidad. Estoy convencido que a medida que se desarrollen los métodos extrajudiciales darán buenos resultados.

Yo creo que se empiezan a notar ciertas mejoras y más uso de los métodos extrajudiciales. En Madrid por ejemplo funciona muy bien la mediación, tanto en civil como en familia, especialmente. Ahora estamos con alguna experiencia piloto en la jurisdicción social

Respecto al arbitraje creo que  su funcionamiento es muy mejorable. Desgraciadamente en algunos casos no resta asuntos a los juzgados, sino al contrario. Lo vemos en materia de ejecución de laudo, donde la parte ganadora acude a la via judicial  para corroborar ese laudo arbitral. Estoy seguro que es un problema de mentalidad y quizás de mejor organización del procedimiento arbitral

¿Sería pensable seguir el modelo anglosajón donde el juez controla el procedimiento arbitral para que no se generen problemas?

La percepción que tengo es que en determinadas materias, sobre todo mercantiles  y comerciales, lo que es el arbitraje obligatorio funciona muy bien. Así está pasando en materia de transporte o a nivel internacional.  Pero en el voluntario, sucede lo que le he comentado, que no siempre se ejecuta voluntariamente el laudo

Modelo anglosajón en nuestro país?… al final la tutela judicial tiene un peligro de procedimental el arbitraje aunque se puedan estudiar vías intermedias entre nuestro modelo y el anglosajón.  Realmente una tutela importante del juez no te quita trabajo. Habria que ver como adaptarlo al mecanismo del procedimiento extrajudicial

 

Respecto al conflicto generado por los impagos del Turno de Oficio ¿Cómo valora la idea de Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ de gestionar este asunto desde una Agencia Estatal específica?

Es evidente que hay que buscar una solución homogénea a esta cuestión en materia de honorarios. Luego se tiene que propiciar el acuerdo correspondiente entre las administraciones prestacionales con los colegios de abogados, partiendo de una premisa: que el Turno de Oficio tiene que existir en un país democrático como el nuestro garantista de los derechos de los menos pudientes

Además debe garantizarse este modelo de justicia gratuita para aquellas personas que acrediten suficientemente que carecen de recursos económicos para poder litigar

Creo que el problema está en la mejora de la gestión de designaciones; de la atribución por parte de las comisiones correspondientes de la justicia gratuita.  Hay que garantizar que la justicia gratuita la reciben aquellos que realmente la necesitan.

¿Habría que cambiar los requisitos de acceso a  la citada justicia gratuita?

Son claramente insuficientes.  Por eso le estaba hablando de una mejora en la fórmula de gestión de esta actividad, siempre dejando claro que debe existir el Turno de Oficio, tal y como lo conocemos en la actualidad.

 

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