El papel de la abogacía institucional en las reformas legislativas ha centrado los debates de la segunda jornada de los X Encuentros en Madrid, evento que reunió en el ICAM a representantes de Colegios de Abogados de todo el mundo.

El Diputado Secretario de la Junta de Gobierno, José Ignacio Monedero, moderó una mesa redonda de alto nivel integrada por Jose de Freitas, primer vicepresidente del Consejo General de Colegios de Abogados Europeos (CCBE); Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE); Alfonso Pérez-Cuéllar, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México; y Marie-Aimée Peyron, decana del Colegio de Abogados de París.

En la presentación del panel, el diputado Monedero recordó que el producto de los letrados es la venta de seguridad jurídica a sus clientes, a los que ofrecen asesoramiento legal en cualquier materia, abriendo así la discusión sobre la actividad de lobby legislativo desde las distintas instituciones que representan a la abogacía.

Freitas situaba esta labor dentro de las funciones principales del CCBE, que como órgano consultivo de la Comisión Europea “se ha convertido en una entidad imprescindible dentro de la confección de propuestas legislativas”. De hecho, según ha explicado el vicepresidente de este órgano, hay varias Directivas que  han sido “redactadas íntegramente por el Consejo” del CCBE.

En este sentido, Victoria Ortega explicó que las instituciones representativas de la abogacía están legitimadas para intervenir en la elaboración de las normas porque poseen “un conocimiento directo, cotidiano e intenso de las bondades y carencias de la Administración de Justicia”. Para la presidenta del CGAE, “nada del mundo del Derecho es ajeno a la abogacía, y de ahí la importancia de una colaboración directa en proyectos normativos”, si bien el instrumento previsto para la participación en la reforma legislativa de algunas regulaciones sociales es la consulta pública, “cuyo resultado es bastante nulo”.

En esta misma línea, el mexicano Pérez-Cuéllar reconoció “que la abogacía organizada a veces se queda fuera de la elaboración de algunas normas”, debiendo analizar en qué casos la intervención de un jurista que se limite al apartado técnico no es suficiente y convendría contar con la perspectiva de un abogado que haya ejercido. “Al final la ley llegará a nuestras manos y tendremos que trabajar con ellas, si no ha habido consulta previa luego llegan las confrontaciones”, declaró.

Desde el Colegio de Abogados de París, Peyron estaba de acuerdo en que a los abogados “les atañe ser una fuerza propositiva”, poniendo uno de los focos de atención en la problemática del terrorismo, bajo cuya amenaza “los gobiernos parecen querer imponer un estado de emergencia permanente, lo que supone un problema de Estado de derecho y libertad al que los letrados deben oponerse”. Para la decana francesa “es inadmisible que se limite el derecho de defensa”, y aunque es competencia de los Colegios velar por que sus colegiados respeten las leyes, “también deben proteger los valores y reglas deontológicas de la abogacía, que son su base”.

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