Así lo indican las estadísticas de divorcios y separaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con un descenso de rupturas a consecuencia de la situación económica que se atraviesa. Entre las causas que identifica están el paro, a los problemas en la venta de los inmuebles y a las deudas contraídas, mucho más agravadas en estos momentos.

De 141.317 divorcios totales en 2006, año previo al estallido de la crisis financiera global, se ha pasado a 121.814 en 2008, lo que significan 20.000 rupturas menos. En cambio, si atendemos al número de separaciones, han caído un 36%, de 14.158 en 2006 a 9.071 en el 2008.

Ante la falta de recursos económicos, muchas parejas se ven obligadas a dejar a buen resguardo el patrimonio que han ido acumulando a lo largo de sus vidas.

«La crisis está sentando como una losa a aquellos mileuristas que han incrementado su patrimonio en condiciones muy superiores a las que se pueden permitir», asegura Ángel Palomino, abogado de familia.

«Algunas parejas se ven obligadas a entregar la casa con tal de no tener que pagar una hipoteca», asegura. Otras en cambio, «se niegan a venderla al ver los precios tan depreciados que hay en el mercado inmobiliario, por lo que muchos acaban por retrasar la venta, lo cual se convierte en una carga en la liquidación de bienes comunes», dice.

«Con la crisis hasta me llegué a enconcontrar casos de personas que utilizan detectives tras la pista de alguna irregularidad del ex cónyuge para poder utilizarla en el juicio», asegura Palomino.

Pero la recesión no sólo está provocando un descenso del número de divorcios sino también un aumento de los que no son consensuados.

Según el Consejo General del Poder Judicial, se ha producido un incremento de los divorcios no consensuados -que ya son el 40%- a partir del segundo trimestre de 2008, «rompiéndose una fuerte tendencia decreciente».

El juez Jose Luis Utrera, autor de ‘Guía básica para un buen divorcio’, cree, sin embargo, que las ventajas son múltiples en un divorcio consensual frente a otro contencioso.

«Se simplifica enormemente la tramitación judicial, ya que evita un proceso largo y de resultado incierto», asegura. «Además, es más económico que el contencioso, pues ambas partes pueden valerse de un solo abogado y procurador», añade.

Desde el punto de vista del coste psicológico que supone la vía contenciosa, Utrera cree que «favorece a la incomunicación entre la ex pareja, aumenta el distanciamiento y las tensiones, además de la competición y el victimismo que supone».

Se acaba por dar «información contradictoria a los hijos, lo que les lleva a un sentimiento de culpa posterior, ya que cada uno tira de un brazo», concluye.

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