La oficina del Defensor del Pueblo ha publicado el informe monográfico «Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo». El estudio, en el que la Defensora del Pueblo, Mª Luisa Cava de Llano, pide que se refuerce la protección al hipotecado, contiene 20 recomendaciones y apuesta entre otros asuntos, por un acuerdo asumido por el sector bancario que incluya en ciertos casos una moratoria en el pago de las hipotecas y una flexibilización de las cuotas, así como la mejora de información y la transparencia.

Los beneficios de la banca se deben extender también al cliente 

Según se desprende del informe, la crisis del sistema ha propiciado que algunas entidades de crédito se hayan beneficiado de unas medidas excepcionales consistentes en ayudas públicas, que han desbordado las previsiones legales, pero que se admiten como un mal necesario para que no se produzca un colapso. Por ello, el Defensor del Pueblo apunta que, a fin de equilibrar el sistema, y para hacerlo más justo, reparando los excesos y restaurando la equidad, la situación actual requiere extender los beneficios que ya recibe la banca, al otro lado de la relación, esto es, al cliente sobreendeudado.

Una de las principales conclusiones de este informe es la necesidad de reforzar la protección al hipotecado para evitar que se vuelvan a repetir situaciones como la actual y para que se atenúen los efectos más nocivos que se están dando en la actualidad. Para ello, se ofrecen en las Recomendaciones dos tipos de medidas: preventivas, a través de, por ejemplo, la información precontractual, o curativas, entre las que destacan las tienen carácter concursal.

La Institución recomienda un acuerdo político asumido por el sector bancario, como la Asociación Española de Bancos (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) que incluya en los casos necesarios, entre otras medidas, una moratoria en el pago de las hipotecas y la flexibilización de las cuotas, así como la posibilidad de establecer un sistema de pago con carencia de amortización del capital que haga la cuota asumible. Tal y como puede leerse en el informe, «a nadie beneficia y a todos perjudica mantener en la marginación y en la exclusión social y financiera a familias enteras que nunca podrán pagar sus deudas».

Asimismo, el Defensor del Pueblo señala otro grupo de posibles soluciones que podrían acompañar a la moratoria, que pasarían por la supresión de tasas, costas, moderación de cláusulas penales, o la paralización del devengo de intereses durante el proceso, que coadyuven a superar las dificultades para atender los créditos pendientes de pago. Del mismo modo, considera que se podría permitir el pago del capital antes que los intereses, lo que conllevaría la reducción de la deuda que genera obligaciones accesorias.

Dación en pago

El informe aborda también el problema que existe hoy para aceptar la dación en pago en las hipotecas. En esta línea, considera que tanto la vivienda habitual como el local de negocio deberían recibir una protección extraordinaria en una ejecución hipotecaria, llegando incluso los casos más extremos a la dación en pago, o buscando soluciones que permitan la continuidad en la vivienda o en el local a través de otras figuras jurídicas que existen en nuestro ordenamiento como el arrendamiento forzoso. Y es que su pérdida multiplica, según el informe, el riesgo de pobreza debido al desempleo y a la escasa probabilidad de recuperar la capacidad productiva, así como la de convertirse en una rémora para el resto de la sociedad, convirtiendo individuos capaces de generar riqueza en otros necesitados de prestaciones sociales solidarias.

Insolvencia personal y familiar

La oficina del Defensor del Pueblo considera que la actual legislación concursal no es adecuada para la tramitación de la insolvencia de los particulares, sino que está pensada para las empresas, de modo que se satisfaga a los acreedores y a la vez se produzca una continuidad de la empresa en el mercado. Por ello, el informe reclama que se regule un procedimiento específico para la insolvencia de las personas físicas, ya sea procesal o extraprocesal. «Las familias deberían tener la posibilidad de quedar liberadas de sus deudas tras el concurso, al igual que sucede con las empresas», añade.

Mayor implicación del Banco de España

Por último, la experiencia de la Institución, basada en las quejas que recibe de los ciudadanos, pone en evidencia que el Servicio de Reclamaciones del Banco de España centra sus actuaciones en la supervisión de los mercados financieros y deja en un segundo plano la protección al consumidor, pronunciándose rara vez sobre el fondo de las reclamaciones que los ciudadanos plantean, ya que con carácter general considera ajenas a sus competencias las cuestiones que no estén relacionadas con la solvencia de las entidades de crédito.

Por el contrario, el Defensor del Pueblo considera necesario que el Banco de España, en su condición de regulador del mercado bancario y como arbitro de las relaciones banca-cliente, se implique más en la protección de los consumidores. Para ello es necesario reforzar la independencia del Servicio de Reclamaciones de este organismo frente a las entidades de crédito y que éste ejerza una verdadera labor mediadora, a fin de evitar, incluso, procesos judiciales.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.