Por Eduard Sagarra Trias, Presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España, abogado, socio de Roca Junyent y profesor de Esade
Ante el drama colectivo que acaba de producirse en Lampedusa, con la muerte o desaparición de mas de 400 personas de origen eritreo o somalí que buscaban asilo o simplemente sobrevivir, el Papa Francisco no ha tardado ni 12 horas en calificarlo como “una vergüenza” y el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, como “una llamada de atención” a la comunidad internacional.
No se necesita saber mucha geografía ni política para constatar que Lampedusa es Italia y que Italia forma parte de la Europa del bienestar, baluarte en todo el mundo de los derechos y valores de las personas, de todas, y de la garantía de su dignidad, dentro y fuera de la Unión Europea.
Si la Unión Europea y sus miembros tienen corresponsabilidad estatal y en el mercado interior, en el comercio internacional, y sobre aspectos esencialmente económicos, como la crisis bancaria, la prima de riesgo, el control del déficit, cabe preguntarse si también sus Estados y autoridades son corresponsables colectivos y estatales de un trato “humano y digno a las personas” aunque no sean ciudadanos de la Unión Europea.
En pleno 2013 (siglo XXI) no es admisible que Europa y los 28 Estados miembros miren distraídamente hacia el cielo o se escuden o excusen su omisión en los presupuestos, en la crisis bancaria, en las burbujas inmobiliarias o en la ley de cada Estado que castiga la ayuda a los irregulares, para no implicarse en la defensa de la dignidad de las personas inmigrantes, asiladas o refugiadas que buscan una esperanza de vida en la Europa de la “Champions League”.
La dignidad no es sólo un valor moral o religioso, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y su defensa es la base de la convivencia y debe protegerse adecuadamente a todas las personas sin distinción de nacionalidad credo o posición social.
Nuestra Constitución 1978 así lo señala en el art 10.1 y cabe recordar que es el primer artículo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, integrada en el Tratado de la UE y que reza: “La dignidad humana es inviolable. Ha de ser respetada y protegida”.
La dignidad por lo tanto nos conduce a la corresponsabilidad de Europa, a la Unión, a la de sus Estados y también a quienes legitimamos sus gobiernos, es decir los ciudadanos de la Unión y en la Unión.
Lampedusa, Melilla, el estrecho de Gibraltar o Canarias no son puntos geográficos, son dramas humanos de quienes sólo les queda por perder su vida. Debemos afrontar y solucionar colectivamente, esta situación, que irá a más, para no seguir avergonzándonos como ciudadanos europeos que aspiramos a ser defensores de los derechos humanos.
