La implicación decidida en el arbitraje y otros mecanismos de solución alternativa de conflictos ha sido siempre una constante de la abogacía en general y del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), en particular. Como manifestación y, a la vez, culminación de ese propósito, el ICAV constituyó a mediados del 2009 el Tribunal Arbitral del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia TAV, Fundación de la Comunidad Valenciana. “Nuestra institución está dedicada a la administración del arbitraje, así como su difusión, conocimiento y utilización generalizada por los operadores jurídicos, explica Manuel de Lorenzo, su presidente, al analizar el primer año de singladura de esta institución. El TAV permite a los abogados, pero también al resto de operadores (económicos, empresariales, sociales e institucionales), utilizar nuestros servicios, con absoluta confidencialidad y una eficacia máxima. “convirtiendo al Tribunal Arbitral de Valencia en una alternativa más entre las Instituciones que, de manera mayoritariamente excelente, actúan en este ámbito.”, subraya De Lorenzo
Nuestro interlocutor que ha impartido una ponencia sobre el arbitraje en los arrendamientos urbanos en este I Congreso de la Abogacía en Valencia celebrado hace unos tiene claro que la proliferación de Cortes Arbitrales no tiene porqué ser mala: “Lo importante es no solapar, que cada Institución tenga claro su lugar, el colectivo al que se dirige y que se mantenga separadamente si de verdad tiene sentido su existencia. Y que no se obstaculicen entre sí las Instituciones que puedan tener un ámbito de actuación, territorial o material”. Desde su punto de vista es evidente que la última reforma de la Ley de Arbitraje de junio del 2011 tiene claros y oscuros visibles:” todavía podría haberse ido más allá, hay cuestiones esenciales pendientes de mejora, como podría ser la clarificación, de una vez por todas, de la arbitrabilidad de ciertas materias discutidas, por poner un ejemplo. Con el arbitraje societario se ha hecho un avance (quizá cuestionable en su configuración), pero hay otras relaciones jurídicas que también podrían haber sido objeto de una regulación concreta.”
Desde siempre el Colegio de Abogados de Valencia ha colaborado y potenciado las alternativas a la jurisdicción. En 2005 se incorporó como Full-Member a la comisión de arbitraje de la Federación de Colegios de Abogados de Europa. También de ese año arranca la colaboración con la Corte Europea de Arbitraje. Tres años después se firmó el acuerdo con la Corte Europea de Arbitraje para designar a Valencia como su sede para el Mediterráneo :La asamblea general de la Corte Europea de Arbitraje acordó modificar sus estatutos y designar al ICAV como su sede para el Mediterráneo y el medio oriente, y como su sede internacional de mediación. La fundación “Tribunal Arbitral de Valencia – TAV” da el soporte necesario al proyecto. Una sala de arbitrajes, dotada de médios de grabación de audio y video. Una estructura independiente, dotada de medios materiales y humanos que ya está trabajando y desarrollando el proyecto.
Concluyó hace unos días el I Curso de formación de abogados en árbitros organizado desde el TAV con una afluencia notable y un claustro de profesores de primera línea, todos ellos profesionales del mundo arbitral en activo “Es evidente que programas formativos de este calibre dejan claro el futuro del arbitraje, comenta Manuel de Lorenzo. Ahora, vista la expectación despertada por esta actividad es muy probable que a ese curso inicial en arbitraje se añada otro más avanzado para profesionales que quieran mejorar sus conocimientos. “La verdad que con iniciativas de este tipo se le quitan al abogado las dudas que sobre el uso del arbitraje pueden surgir”. Manuel de Lorenzo, abogado del ICAV, es el primer presidente de esta institución arbitral. Es Socio del despacho “De Lorenzo-Garín-Gosalbes, Abogados” y durante cuatro años fue -diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (2.005-2.009) . También es Profesor asociado de Derecho Internacional Privado de la Universitat de Valencia y de la Universidad CEU-Cardenal Herrera. Es autor y participante en diversas obras, artículos, conferencias, seminarios, congresos, etc.
Sr de Lorenzo, ¿Qué balance puede hacer de este primer año de vida de esta institución arbitral?
El balance, modestamente eso sí, podemos calificarlo de excelente, aunque todavía es pronto para ver resultados fiables y concretos. Si bien la Fundación Tribunal Arbitral de Valencia se creó formalmente a mediados del año 2.009, el ejercicio 2.011 ha sido efectivamente el primero de actividad real de la Institución, por decirlo de algún modo. Y lo que hemos estado haciendo es poner las semillas para el futuro, concienciando especialmente a los abogados de la utilidad del arbitraje y recomendando la inclusión de las cláusulas de sometimiento al mismo, por lo que esperamos que en años venideros eso tenga un reflejo en el número de procedimientos arbitrales administrados por nuestra Institución.
En cualquier caso, no pretendemos competir con nadie. No se trata tanto de cantidad como de calidad, así como de llegar a nuestros destinatarios potenciales, convirtiendo al Tribunal Arbitral de Valencia en una alternativa más entre las Instituciones que, de manera mayoritariamente excelente, actúan en este ámbito.
¿Qué valor añadido tiene que una Corte Arbitral esté suscrita a un Colegio de Abogados? ¿Le parece que estén funcionando bien las otras instituciones arbitrales?
Los Colegios de Abogados administran desde hace décadas procedimientos arbitrales, como Corporaciones de Derecho Público que son. Y los abogados tienen experiencia acumulada en arbitrajes, tanto como defensores de las partes como ostentando la condición de árbitros, por lo que el Tribunal Arbitral de Valencia es beneficiario de esa herencia.
Los abogados son quienes precisamente pueden asesorar mejor a las partes para inclinarse por el arbitraje, de ahí que ese valor añadido por nuestra vinculación al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia sea indudable.
En cuanto a las demás Instituciones arbitrales, nos merecen el máximo respeto, especialmente aquellas que se hallan consolidadas y que gozan de un respaldo contrastado. Cierto es que existen algunas Instituciones aisladas de dudosa legitimidad y de no muy deseable funcionamiento, pero no debemos pensar que la actuación incorrecta de unos pocos pueda ensombrecer la gran labor que están realizando otros muchos.
¿Qué les diría a aquellos que hablan que hay demasiadas Cortes Arbitrales y que sería necesario una concentración de estas entidades?
La competencia siempre es buena, especialmente en un ámbito socio-económico como el que nos movemos, aunque, por otro lado, la excesiva fragmentación puede conducir a resultados contrarios a los deseados. Lo importante es no solapar, que cada Institución tenga claro su lugar, el colectivo al que se dirige y que se mantenga separadamente si de verdad tiene sentido su existencia. Y que no se obstaculicen entre sí las Instituciones que puedan tener un ámbito de actuación, territorial o material, similar. Por otro lado, la concentración de esfuerzos puede resultar beneficiosa en muchos casos, hay que analizar la situación concreta y decidir consecuentemente en función de la misma.
¿Cuál es a su juicio el principal escollo para que un abogado se introduzca en el mundo del arbitraje?
Existe un gran desconocimiento del arbitraje entre la abogacía. Tanto por lo que se refiere a sus ventajas, como respecto a su régimen jurídico. En ese sentido, es vital una mejora en la formación.
¿Considera que habría que modificar la formación de base del jurista para introducir materias relacionadas con el arbitraje y la mediación?
Por supuesto. El arbitraje en los planes universitarios actuales es prácticamente inexistente o anecdótico, también en la formación profesional posterior. Hay que cambiar esa tendencia y normalizar su aprendizaje hasta convertirlo en algo habitual y no exótico.
El arbitraje lo hacen los árbitros dicen colegas suyos ¿Qué proceso de selección hay que seguir para tener árbitros competentes?
Al hilo de lo anterior, la formación es el primer paso. A partir de ahí, debe hacerse un riguroso proceso para elegir qué árbitros pueden conformar las listas o censos de las Instituciones arbitrales y para ello los propios abogados nos debemos concienciar de la necesidad de acreditar de manera indubitada tanto nuestros conocimientos en materia arbitral como nuestra formación y experiencia en las especialidades en las que argumentamos ser expertos. Ello constituye una garantía irrenunciable de calidad y responsabilidad.
¿Qué opinión le merece la última reforma de la Ley de Arbitraje española de junio del 2011?
Como toda reforma, tiene sus luces y sombras. Pero todavía podría haberse ido más allá, hay cuestiones esenciales pendientes de mejora, como podría ser la clarificación, de una vez por todas, de la arbitrabilidad de ciertas materias discutidas, por poner un ejemplo. Con el arbitraje societario se ha hecho un avance (quizá cuestionable en su configuración), pero hay otras relaciones jurídicas que también podrían haber sido objeto de una regulación concreta.
¿Le parece adecuado que se haya mantenido el arbitraje de equidad y que se incluyan seguros de responsabilidad civil para árbitros e instituciones arbitrales?
El arbitraje de equidad tiene su espacio, pero quizá hubiera sido aconsejable, al mantenerlo, clarificar un poco su idiosincrasia y, especialmente, si puede abarcar todo tipo de materias o en cambio queda vedado a algunas, vista la jurisprudencia vacilante en este punto.
En cuanto a los seguros, si hay responsabilidad no vemos mal que pueda exigirse una cobertura de la misma. El Tribunal Arbitral de Valencia lo tuvo claro desde el principio, los abogados estamos cubiertos por nuestro propio aseguramiento obligatorio y la Institución cuenta con una póliza de seguro que cubra las posibles contingencias que puedan producirse.
Por último ¿Qué debe hacer el Gobierno que entre el próximo 20N para fomentar métodos extrajudiciales como arbitraje y mediación?
Desde luego, realizar una apuesta decidida por el arbitraje. Ahora que se habla tanto de flexibilización y de armonizar nuestras políticas con las de las naciones de nuestro entorno, bien haría el nuevo Gobierno en fijarse en aquellos países en los que el arbitraje y la mediación funcionan y copiar sus recetas, con las adaptaciones que fueran necesarias.
Aunque, como en muchos otros ámbitos, una tradición no se cambia sólo a golpe de reformas legislativas, es necesario que esas reformas, para calar en la sociedad, se hallen acompañadas por unas condiciones socio-económicas, culturales, etc., que las apoyen y ahí me temo que todavía nos falta bastante camino por recorrer.
