por Santiago Monclús Fraga  Socio Director de SMF MONCLUS ABOGADOS

         Son casos cada vez más frecuentes, pero no por ello menos significativos. Declarar la nulidad de un contrato bancario por defecto de consentimiento supone, además de un éxito profesional, la constatación de que cada vez nuestros Tribunales de Justicia son más exigentes con los “poderosos”, máxime, cuando el Juzgado de Primera Instancia había desestimado inicialmente la demanda.

         En el presente caso concurre una circunstancia significativa, y es que el cliente no era una persona física, sino una sociedad, lo que suponía una dificultad añadida al caso, al no poder ampararnos en la específica legislación de protección al consumidor.

         El Juzgado de Primera Instancia había considerado, con base en la declaración testifical de los propios empleados de la entidad bancaria, que éstos habían informado debidamente al cliente sobre las características y riesgos del producto, considerando que el cliente era una empresa “con experiencia en el comercio” y cuyo administrador contaba con amplios conocimientos para conocer el funcionamiento del contrato, y añadiendo en relación con las características del contrato que “no se trataba de un producto especulativo”.

         Frente a todo ello, la Audiencia Provincial de Zaragoza, en su Sentencia de fecha 17 de septiembre de 2.012, realiza un minucioso análisis de este tipo de contratos, aclarando en primer lugar que se encuentran sometidos a la legislación del mercado de valores, que los califica de “productos complejos y otorgando una específica protección al cliente que los contrata”, imponiendo “específicos deberes a la entidad en orden a la tutela de los intereses de su cliente inversor”; entre dichos deberes está el de facilitar a sus clientes toda la información que disponga que pueda ser “relevante para la adopción por ellos de decisiones de inversión”, información que por lo demás “deberá ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva …”.

         En definitiva, una excelente y precisa descripción de lo que debe entenderse por “derecho a información”, y que bien podría predicarse no sólo de los swaps, sino de todos los contratos bancarios y por extensión de todos aquellos contratos de adhesión en los que existe un notable desequilibrio entre las partes.

         Aplicando dichos fundamentos al caso concreto objeto del recurso, destaca la Sentencia que la propia entidad bancaria calificó a la empresa como “cliente minorista”, lo que implicaba que no poseía experiencia ni cualificación suficiente para tomar sus propias decisiones de inversión –en contra de lo sostenido en la sentencia de primera instancia-.

         En relación con la prueba de los hechos, pone de manifiesto que  la única prueba practicada a instancia de la parte demandada consistió en las declaraciones de los propios empleados de la entidad bancaria, considerando que no es suficiente para acreditar que se proporcionó debidamente la información requerida, o en sus propias palabras, “no puede tenerse por acreditado con la debida suficiencia que la entidad demandada hubiese dado cabal cumplimiento del deber de información a su cliente”.

         En tales circunstancias de falta de información sobre los elementos sustanciales del contrato, concluye que el consentimiento prestado por el cliente “no fue válido al estar viciado por error esencial motivado por la citada falta de información”.

 

 

 

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.