A escasas horas de que se celebren las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid, DIARIO JURÍDICO habla con una de sus candidatas, Sonia Gumpert. En un momento como el actual, que todos los aspirantes al decanato señalan como trascendental, hablamos con la Sra. Gumpert de las cuestiones que debe afrontar la institución del ICAM y también las últimas medidas que han generado malestar en el sector. Los impagos del turno de oficio, las tasas judiciales o el servicio médico son algunas de las cuestiones de las que habla en esta entrevista, pero también, de la gestión que ha hecho el colegio ante tales medidas y de cómo se debe gestionar la institución que congrega más colegiados de España,  a la que según la entrevistada, le falta transparencia.

La candidatura de Gumpert además, se ha visto envuelta en algunas polémicas – sobre si habían empezado campaña antes de tiempo, sobre si las propuestas eran realistas y la última, un tanto surrealista, sobre sus posibles orígenes catalanes-. Es precisamente por eso que asegura que en su opinión, el juego limpio no ha reinado en esta campaña y se postula como la candidatura del cambio.

¿Realmente estas elecciones tienen más importancia que las anteriores? ¿Por qué?

Estas elecciones tienen mucha importancia porque vivimos un momento muy especial en materia de Justicia que también nos influye mucho a los abogados. Están habiendo muchos cambios legislativos muy importantes y los abogados, evidentemente, somos un operador jurídico muy importante. También, la situación colegial pasa por un momento importante después de que ha habido varios temas muy polémicos dentro de la vida colegia, como el caso Gürtel, el tema de las tasas judiciales, y el tema de la externalización del servicio médico.

¿Cuál sería la prioridad si usted finalmente llega a ser decana del ICAM?

La premisa básica de la candidatura es abrir el Colegio a los colegiados. Que el colegio sea de los Colegiados. Eso implica, por ejemplo, una implantación todo lo inmediata que la tecnología nos permita, del voto electrónico. Porque eso es una forma directa, la manera en que se va a conseguir una participación activa y efectiva de los colegiados.

¿Considera que el Colegio ahora no está abierto a los colegiados?

No está abierto a los colegiados, hay poca transparencia… El colegio no facilita información que los colegiados estamos demandando. La participación cómoda y fácil, como es mediante participación electrónica, en elecciones, asambleas y juntas generales no está habilitada, no es posible. Obstaculizar o no facilitar la participación imponiendo una participación presencial o mediante delegación o
mediante un voto por correo, que es complicado, evidentemente, no favorece la participación.

Más allá de esto, ¿Cuáles son los principales problemas que debe afrontar el futuro decano?

Es lo mismo dicho de otra manera. El principal problema es conseguir que los colegiados se acerquen y se interesen por la vida colegial. Y lo va a conseguir en la medida que el colegio les de servicios concretos como retorno a la cuota colegial que pagan. Eso, inmediatamente, va a hacer que el colegiado no se sienta alejado y no actúe al margen del colegio, que es lo que pasa actualmente. Porque la cuota de los colegiados no obtiene ningún retorno y eso, evidentemente, les hace sentirse molestos porque entienden, y así lo
entendemos la mayoría de los colegiados, que estamos pagando un impuesto revolucionario. Hay que pagar la cuota porque la colegiación es obligatoria pero a cambio, no recibimos nada. Y eso siempre molesta, porque pagar por nada es injusto.

Sobre la mesa hay temas muy polémicos. De entrada, la privatización del seguro médico. ¿Cuál es su postura y su propuesta?

Nuestra propuesta es estudiar todas las alternativas posibles al mantenimiento del servicio médico en las actuales condiciones para los colegiados que no supongan una despatrimonialización del precio, como la propuesta que vino de la Junta de Gobierno.

Eso es algo que ha encontrado el rechazo de la mayoría de los colegiados.

Sí, el rechazo ha sido por dos motivos: por falta de información, una cuestión tan importante para los colegiados como es el servicio médico, la salud de los colegiados y de nuestras familias, se ha de someter a consideración y a decisión por los colegiados dándoles previamente una información completa, real y sin restricción alguna para que podamos decidir informadamente, que es la única forma en que todos tenemos que tomar las decisiones que tomamos. No se puede tomar una decisión sin la información correspondiente
sobre cuáles son las causas, cuáles son las opciones y cuáles son las consecuencias.

Con respecto al turno de oficio ¿Qué es lo que propone usted si llega a decana y cómo actuaría si hubiera huelgas o más protestas?

La primera medida es implicar a los propios abogados del turno de oficio que son los afectados por esta situación. ¿Cómo hacemos esto nosotros? Incorporando a tres abogados del turno de oficio en la junta. Esto es histórico en la historia del Colegio de Abogados y es la forma en que realmente lo íbamos a implicar. Ellos incorporan un programa específico para el turno de oficio que, como primera medida, tiene la de una negociación firme frente a las administraciones implicadas. Sobre todo la Consejería de Madrid, para hacerle ver que la situación actual en la que existe una demora de un año en el pago de las retribuciones de los abogados de oficio es, sencillamente, inaceptable. También proponemos, para que eso mejore y no se demore por la parte que al Colegio le corresponde de gestión del turno de oficio, la implantación de un expediente electrónico, ?¿ (7.31) transparencia y celeridad para llevarle a la comunidad la información que necesita para decidir la concesión de la justicia gratuita.

Es un tema complicado porqué la administración también está como está…

Eso está en presupuestos y es un dinero que la Administración debe administrar, valga la redundancia, conforme a unos presupuestos que ya están aprobados. Hay una partida de subvención ya acordada para la justicia gratuita, y la causa de la demora es una presunta no justificación completa o a tiempo de la documentación que acredita que el ciudadano tiene derecho a la justicia gratuita. Y ahí hay un problema de gestión por parte del Colegio de Abogados que no implanta el sistema informático compatible con la comunidad a través
del cuál ese proceso se aceleraría mucho.

Las tasas judiciales están generando mucha polémica. ¿Qué se puede hacer?

A estas alturas se puede hacer poco porque la ley de tasas ya está aprobada. Nosotros hemos estudiado la ley de tasas, partimos de la opinión general y unánime de los operadores jurídicos de que es una ley perjudicial para el ciudadano, pero más allá de eso, lo que proponemos es que la abogacía participe activamente en la gestación de las leyes. ¿Cómo? Con una comisión que esté allí en el momento de su gestación para evitar tener que hacer luego manifestaciones sobre leyes ya aprobadas, que es mucho más práctico.

En su programa plantea un plan de ajuste para eliminar todos aquellos negocios deficitarios. ¿Cuáles son? ¿De qué estamos hablando?

Por ejemplo el servicio médico. Yo voy a intentar resumirle la situación, que es compleja. La única solución que la junta de gobierno nos propuso a los colegiados era externalizar el servicio médico, transfiriendo patrimonio de todos los colegiados a una entidad que no es del Colegio, ajena al Colegio, y que tampoco está controlada por el Colegio. Es así de sencillo. Eso perjudica a los intereses patrimoniales de todos los colegiados. Porque el patrimonio del colegio es de todos y si se va a fuera, evidentemente se pierde.

Desde la ALA se les acusó de que estaban haciendo campaña antes de lo que marca la ley electoral…

No es cierto. Yo lo he contado en muchas ocasiones y lo saben perfectamente quienes lanzan estas acusaciones porque nosotros llevamos trabajando en el proyecto de la candidatura dos años. Nuestra forma de trabajo ha sido hablar con compañeros para averiguar si su sensación como colegiados frente al colegio era la misma que nosotros percibíamos y que le he dicho antes: que la cuota no tiene retorno. Nosotros queríamos saber si la opinión de los demás compañeros, que somos muchos, coincidía con la nuestra y pedirles también sus sugerencias y opiniones sobre medidas concretas que palien esas carencias del colegio de abogados. Y en esos dos años de trabajo no hemos
hecho campaña, hemos estado preparando nuestra candidatura. Recabando las opiniones, las propuestas, las ideas, las sugerencias de otros compañeros, que es una cuestión muy distinta.

Le decía antes que, esto yo lo he contado mucho, y todo el mundo lo sabe. De hecho, me he reunido con compañeros de forma pública y sin esconder que el objeto de las conversaciones era recabar sus opiniones y sugerencias.

En otra polémica en la que se vio envuelta se le acusó de ser catalana o tener relaciones con aquello catalán. ¿Cómo recibió esas críticas y acusaciones?

Mi primera reacción fue decir: “¿Y si fuera catalana, qué pasa?”. A muchos amigos catalanes que tengo también les dejó alucinados. Pero fíjese que el mensaje no era tanto si era catalana o no. El mensaje malévolo que había detrás es que mi candidatura escondía intereses ajenos al Colegio de Madrid.
El mensaje malo, que ellos querían lanzar, no era tanto la catalanidad, sino el hecho de que tenía intereses ajenos. A lo mejor el hecho de que en ese momento estuviera en los periódicos el tema de la independencia de Cataluña, pensaron que a lo mejor eso generaba antipatías en Madrid. Yo no lo creo. Yo creo que ahí se han equivocado, pero es que, además, no es cierto que yo sea catalana. Yo lo he dicho ya en dos ocasiones: soy nacida en Madrid, ejerciente en Madrid, pero eso no tiene nada de bueno ni de malo. Simplemente es que no soy catalana. No tendría ningún problema en afirmar que lo soy, y estoy segura que estaría orgullosa, tanto como si fuera extremeña, andaluza, vasca o
gallega.

¿Pero tiene alguna relación especial con Cataluña, por lo que sea?

Mi despacho se funda en Madrid en el 1989, yo me incorporo en el 1993, y en 1995 abrimos una oficina que incorpora un abogado catalán que aporta la oficina de Barcelona. Yo tengo en Barcelona cuatro socios, que son magníficos abogados y son personas de mi total confianza y cariño, y además tengo muy buenos amigos en Barcelona. Alguien me sugería que a lo mejor mi apellido pueda sonar catalán, pero no lo es.

Pero ya le digo que yo creo que ese es el detalle menor. El mensaje al final era trasladar el hecho falso de que nuestra candidatura pretende o representa o esconde intereses que son ajenos al colegio de Madrid y a los intereses de los colegiados. Y eso es falso. Es así.
Y luego, incluso hay un diputado que es nacido y criado en Barcelona, lo que pasa es que él, actualmente y desde hace muchos años es residente y ejerciente en Madrid. Porque, además, eso son requisitos para que uno se pueda presentar al ICAM. Pero, además, no le puedo decir ahora donde ha nacido cada uno de los diputados, porque no se lo hemos preguntado.

¿Cree usted que ha habido juego limpio en estas elecciones?

No ha habido juego limpio. Esta acusación no tiene ningún fundamento. Primero, porque no es cierta, y luego porque está basada en hechos que son absurdos. Al final, no es limpio porque lo que pretende es debilitar nuestra candidatura, difamar a nuestra candidatura con que representamos intereses malévolos, de asaltos al poder… cuando en realidad no es así. ¿Por qué?

Porque somos una candidatura, que según las encuestas, tiene posibilidades
de ganar. Si no tuviéramos posibilidades de ganar nadie nos haría ni caso. Este
es un juego que en política es muy viejo.

Generó mucho malestar en el ICAM el caso Gürtel. ¿Cuál cree que fue el error y cómo hubiera actuado usted como decana?

El error fue decidir querellarse contra Garzón, porque la junta de Gobierno así lo decidió, y luego no hacerlo. Esto se entiende muy bien con un ejemplo: es como si un juez decide no procesar a un ladrón porque el ladrón devuelve el botín. Está bien que luego devuelva el botín, pero ha cometido un robo.

Y para la abogacía madrileña, toda la ciudadanía y la profesión jurídica, es muy importante que un juez cometa un acto como este. Porque lesiona la piedra angular de nuestra profesión, que es el secreto profesional, y que además es un derecho de los ciudadanos. Que no se garantice la depuración de responsabilidades de quien rompe ese derecho fundamental de los ciudadanos, que es saber que lo que tú hablas con tu abogado es confidencial y secreto, es muy grave. Es muy grave dar un paso atrás en una cuestión que además afectaba a colegiados madrileños y que se quedaron solos, sin amparo colegial. Lo pidieron, se les dijo que se les ampararía y luego se les dejó en la estacada. Esto fue así. Y creo que, además, la junta cometió un tercer error que es no explicarlo. O lo explicó de una forma que ningún colegiado madrileño
entendimos.

Se ha hablado mucho, y está en su programa, la defensa del abogado. ¿Por qué es tan necesario ahora defenderla?

En esto hay unanimidad. Los compañeros abogados que vamos a los juicios, a las salas de los juzgados, sufrimos un sistemático retraso en los señalamientos. Es decir, te citan a las 9 y sistemáticamente entras hora, hora y media tarde, y eso es una falta de respeto al abogado, al ciudadano, a los testigos, a los peritos y a todo el que colabora de alguna forma, voluntaria o involuntariamente, con la comisión de justicia.

Como consecuencia de esa sobrecarga de trabajo y de las esperas a las que estamos sometidos, cuando uno entra en sala a hacer su trabajo y a defender los jueces nos presionan para que abreviemos. Nos limitan la prueba que queremos proponer, nos limitan las preguntas a los testigos y nos limitan de forma inadmisible el tiempo para defender a nuestros clientes. Para el ciudadano, eso es tremendo porque que uno tenga que esperar dos años para que el juez le de audiencia, una vez que le haya dado audiencia esté esperando dos horas para que lo reciba y que cuando le reciba le diga que tiene seis minutos para hablar, esto es impresentable. Y luego los abogados lo padecemos porque es una presión enorme porque llega un momento en que hay un maltrato verbal. Hay una presión que ejerce el juez, que es el jefe de
la sala, sobre el abogado, para que abrevie. Y eso conculca el derecho a la defensa de los ciudadanos.

En un ejercicio de transparencia, ¿Cuánto ha costado la campaña y cómo se ha financiado?

Yo calculo que vamos por los 30.000 euros. Lo hemos financiado los diputados. Hemos hecho las aportaciones que ha ido siendo necesario.

Pero permítame que le señale una cosa si hablamos de transparencia. Esta pregunta nos la han hecho en otros medios a todos los candidatos y sólo nosotros hemos dicho, de las tres candidaturas principales, por no darle el detalle de las 14, hemos dado una cifra. Don Antonio Hernández Gil y don Javier Cremades no han dado una cifra. Sólo nosotros lo hemos dicho.

¿Cómo ve sus opciones a pocos días de las elecciones y por qué cree que usted puede aportar cosas diferentes a sus rivales?

Yo soy optimista, creo que nuestras posibilidades son altas. Ya no porque lo diga la encuesta de intención de voto que hubo antes de la programación de las candidaturas sino porque esto es el resultado de un trabajo de dos años, que produce sus resultados.

¿Por qué creo que nosotros podemos ganar? Porque los abogados madrileños queremos un cambio en el Colegio de Abogados y ese cambio no lo puede ofrecer la candidatura oficialista que lleva 30 años en el Gobierno. Porque si quisiera hacer el cambio que los abogados madrileños querrían, lo hubiera hecho. También es legítimo dudar de que Javier Cremades lo vaya a hacer porque Javier Cremades también es candidatura oficialista, porque también ha estado diez años en el Colegio de Abogados y los Abogados dudamos de que lo que no se ha hecho en tantos años, se vaya a hacer ahora.

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