Por Juan Manuel Romero Martín

Vicepresidente, Director de Proyectos y Portavoz

Adicciones Digitales

Los abogados son uno de los colectivos que mejor se han incorporado a las nuevas tecnologías. Han logrado conciliar, con bastante buen resultado, la vida laboral y la familiar.

Es algo que he comprobado en algunas de las conferencias que he impartido a profesionales de este colectivo en diferentes puntos de España. En ellas les enseñamos a manejar la tecnología con sentido común, para que sea una aliada de ellos y nunca una enemiga.

Son los propios juristas los que me cuentan en esos encuentros que la tecnología les ha cambiado radicalmente la forma de trabajar. Y me comentan que ha sido un cambio para bien, porque muchos de ellos ahorran tiempo y dinero al realizar gestiones que antes había que hacer de forma presencial.

Ahora un trámite puede llevarles unos pocos minutos, mientras que si tenían que ir al lugar de tramitación “la cosa” se podía alargar toda la mañana. Y todo gracias al a firma electrónica digital

¿Qué significa esto? Pues que su servicio es mejor, más rápido y, por tanto, más eficiente. Y eso por no hablar de la comodidad para el abogado, que utiliza como parte esencial de su trabajo el ordenador portátil, móvil, iPhone y cualquier aparato tecnológico que se nos ocurra.

Pero además de la gestión propiamente dicha de los abogados, nos encontramos, también, con otras posibilidades de negocio, porque al fin y al cabo lo que un abogado quiere es hacer un buen negocio con sus clientes, igual que cualquier otro colectivo. Y la tecnología ayuda a ello.

Así, nos encontramos con infinidad de portales que ofrecen sus servicios online. Y que se presentan como una magnifica solución laboral para los abogados. Se trata de una opción que puede enfocarse en dos sentidos: como complemento de la actividad de la oficina física o como actividad exclusiva. En ambos casos son más las ventajas que los inconvenientes. Permiten un acceso directo del cliente en cualquier momento del día, siempre que la plataforma online esté bien diseñada. Un cliente no tendrá que esperar a que sea de día para realizar una consulta y que el abogado le responda si puede gestionar su asunto o no. Es más barato y el trato personal no se pierde, porque aunque muchos de los trámites se hagan a través de Internet, lo cierto es que el abogado y el cliente se tienen que ver en algún momento del proceso. Pero sólo cuando sea necesario, lo que ahorra tiempo a ambos.

Vamos a poner un ejemplo. Se trata de una de las comunidades más ricas de España; Valencia. Allí, el 46% de los abogados utiliza las nuevas tecnologías, aunque el porcentaje de los que consideran estas plataformas algo esencial es mucho mayor, y llega hasta el 81 por ciento el número de abogados que considera que se debe seguir invirtiendo en modernización tecnológica. Lo que demuestra que las nuevas tecnologías son un elemento importante para ejercer en el mundo del Derecho. Y no me refiero sólo a la firma digital, que quizá sea la tecnología estrella para estos profesionales , sino al trabajo diario que se logra, en parte con la movilidad laboral, que nos permite realizar gestiones desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Realmente hablamos de todo un conjunto de medidas que permite mejorar la gestión; es decir, hacerlo mejor con los clientes que son los verdaderos destinatarios de sus esfuerzos. Así, el certificado digital al que antes me refería no sólo acredita al usuario como abogado, sino que le permite firmar documentos y, entre otros servicios, realizar trámites con las administraciones públicas: Hacienda o Catastro, por poner un par de ejemplos. Esto significa un considerable ahorro de tiempo y de desplazamientos innecesarios.

Al final todo se trata de agilizar los trámites, hacerlos más cortos y rentabilizar la actividad del abogado, lo que va a repercutir positivamente en sus clientes. Que las nuevas tecnologías estén plenamente incorporadas al mundo de la abogacía es una buena noticia, pero no hay que dormirse en los laureles. Hay que ir mucho más lejos en la modernización de la profesión, con la cooperación necesaria de, entre otros, jueces y fiscales, donde la nueva Oficina Judicial puede ser el proyecto que ayude a esta colaboración. De esta forma se lograría agilizar los trámites burocráticos y resolver los asuntos en el menor tiempo posible, aprovechando para ello los recursos que nos ofrece la Red y la telefonía móvil. Al final, el gran beneficiado no será el abogado, o no sólo el abogado, sino el ciudadano en general, que es a quién se deben dirigir todos los esfuerzos en la Administración de la justicia.