juezLa insólita denuncia del juez decano de Puertollano, Luis Sánchez de Tejada contra su mujer, Esther Sara Vila, titular del Juzgado de lo Mercantil de Badajoz, a quien acusa de haber designado a su nueva pareja administrador concursal de varias empresas, en medio de una rocambolesca separación con agencia de detectives de por medio y cruces de demandas -la magistrada, por su parte, ha denunciado a su marido por violencia psicológica- además de ser la comidilla del momento en los juzgados extremeños y de Castilla-La Mancha ha tenido eco en el Tribunal Superior de Justicia y en el Consejo del Poder Judicial. El culebrón matrimonial de los Sánchez-Vila vuelve a poner de nuevo sobre la mesa la existencia de posibles irregularidades en la designación de administradores en las empresas en concurso de acreedores.

Sánchez de Tejada puso la denuncia, después de que el informe de una agencia de detectives a la que encargó que siguieran a su mujer, le confirmara que mantenía una relación sentimental con un abogado de Badajoz que ejerce como administrador de empresas que entran en concurso de acreedores, Juan Díaz-Ambrona Cancho, según publica el diario HOY.es. El juez de Puertollano acusa a su mujer de haber favorecido a su nueva pareja al nombrarle como administrador de importantes empresas en concurso, como es el caso de la Clínica Extremeña de Salud.

No es esta la primera vez que se acusa a un juez de nombrar a dedo a un administrador concursal, en los seis años de crisis económica y con un tsunami de empresas en suspensión de pagos sin precedentes en la historia española, varios han sido los escándalos que han saltado a la luz. En 2011, el Consejo General del Poder Judicial impuso el traslado forzoso del magistrado titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia, Francisco Presencia, por falta ‘muy grave’. El organismo abrió un expediente sancionador al juez tras comprobar que éste concedió la administración de varios concursos de acreedores a alumnos que pagaban 12.000 euros por un máster que él mismo codirigía y del cual cobraba.

Muchos abogados señalan, desde hace años, a los congresos, cursos o foros como el lugar ideal para que abogados y bufetes especializados en administración concursal y jueces mercantiles estrechen lazos. En estos congresos, patrocinados por los despachos de abogados, se invita a un buen número de magistrados titulares de juzgados de lo mercantil que van a gastos pagados y cobran por sus ponencias (en ocasiones más de 1.000 euros). Los congresos de derecho concursal más importantes son el de Canarias; el Congreso Nacional, que va cambiando de ubicación; o el de Salamanca. Además existen cursos y foros  como los organizados por la fundacion Fudieco cuyo patronato está presidido por abogados especializados en derecho concursal.

Hay nombres que se han repetido, una y otra vez, en las administraciones concursales. Ahí está Antonia Magdaleno a la que se ha llamado ‘La Dama Concursal’ o Leopoldo Pons, ex decano del Colegio de Economistas de Valencia y conocido como el ‘Señor de los Concursos’.

El nombre de Antonia Magdaleno cobró relevancia mediática a raíz de concursos de acreedores de empresas ligadas al sector inmobiliario como Llanera, Grupo Urazca y Martinsa Fadesa, una de las mayores suspensiones de pagos de la historia española. Pero esta profesional saltó definitivamente al estrellato en 2010 tras ser designada administradora de Viajes Marsans.

Cambio normativo

Lo cierto que, incluso tras la reforma de la ley concursal en 2011, los jueces siguen teniendo barra libre para designar al administrador concursal que les parezca más oportuno.

La ley 22/2003, de 9 de julio, establecía “el nombramiento de los profesionales que hayan de integrar la administración concursal conforme a lo previsto en el apartado 1 se realizará por el juez del concurso entre quienes, reuniendo las condiciones legales, hayan manifestado su disponibilidad para el desempeño de tal función al Registro Oficial de Auditores de Cuentas o al correspondiente colegio profesional, en el caso de los profesionales cuya colegiación resulte obligatoria. A tal efecto, el referido registro y los colegios presentarán en el decanato de los juzgados competentes, en el mes de diciembre de cada año, para su utilización desde el primer día del año siguiente, los respectivos listados de personas disponibles. Los profesionales cuya colegiación no resulte obligatoria se inscribirán en las listas que a tal efecto se elaborarán en el decanato de los juzgados competentes. La incorporación de los profesionales a las respectivas listas será gratuita. Los profesionales implicados acreditarán en todo caso su compromiso de formación en la materia concursal”. En otras palabras, la norma no establecía que criterio tenía que seguir el juez para nombrar administrador.

En su Artículo 28.2, la normativa señalaba que: “En el caso de que existan suficientes personas disponibles en el listado correspondiente, no podrán ser nombrados administradores concursales los abogados, auditores, economistas o titulados mercantiles que hubieran sido designados para dicho cargo por el mismo juzgado en tres concursos dentro de los dos años anteriores”. Un artículo que se ha incumplido reiteradamente en los últimos años.tan”ss????reiteradamente en los adamente en los ´

Tras las quejas de muchos abogados, en octubre de 2011 se promulgó la nueva ley concursal, Ley 38/2011, que dicta: “Los administradores concursales profesionales se nombrarán por el juez procurando una distribución equitativa de designaciones entre los incluidos en las listas que existan. No obstante, el juez: Podrá, apreciándolo razonadamente, designar a unos concretos administradores concursales cuando el previsible desarrollo del proceso exija una experiencia o unos conocimientos o formación especiales, como los vinculados a asegurar la continuidad de la actividad empresarial o que se puedan deducir de la complejidad del concurso”. “Para concursos ordinarios deberá designar a quienes acrediten su participación como administradores o auxiliares delegados en otros concursos ordinarios o, al menos, tres concursos abreviados, salvo que el juez considere, de manera motivada, idónea la formación y experiencia de los que designe en atención a las características concretas del concurso”.

En otras palabras, aunque la ley establece que la designación del administrador se realice siguiendo un orden establecido, el juez sigue teniendo capacidad total de decisión para elegir al responsable de sacar la empresa a flote.

Mal reparto

Lejos de acallarse, las críticas y quejas de muchos abogados y pequeños bufetes, a los que sólo les llegan algunas migajas del gran pastel concursal, continúan. Afirman que la administración sigue estando en manos de unos pocos privilegiados, especialmente las suspensiones de pago más golosas. No todos los concursos son rentables. Aunque los administradores son los primeros que cobran su retribución, incluso antes que la Seguridad Social y Hacienda, en empresas pequeñas con una masa de activos insignificante o nula, estos gestores pueden llegar a no percibir ni un duro.

Los administradores concursales cobran de la empresa que solicita el concurso de acreedores en función de un porcentaje sobre el pasivo y activo que declara la empresa concursada. En concursos de pequeño tamaño las cifras no llegan al 1% sobre los bienes y sobre la deuda de la empresa. Pero en los grandes concursos este pequeño porcentaje es mucho dinero. Así, en Afinsa la administración concursal se embolsó 16 millones de euros; en Martinsa-Fadesa cada administrador percibió la friolera de cuatro millones de euros.

“Ha habido muchos concursos sonados y es normal que se repitan algunos nombres. Hay muy pocos bufetes que saben gestionar profesionalmente una suspensión de pagos”, señalan en un despacho de abogados muy activo en concurso de acreedores, que defiende que la labor del administrador es salvar la empresa y volverla a poner a flote y para eso tiene que haber un gestor muy capacitado. “No lo puede hacer cualquiera”.

Sin embargo, las estadísticas juegan en contra de la labor concursal. El 94% de las empresas que se declaran en concurso de acreedores termina cerrando. Ante este bajo nivel de supervivencia, los administradores se defienden: “En la mayoría de los casos, cuando la compañía entra en concurso es ya insalvable”, defiende un abogado. Sin embargo, hay críticas también por parte de los empresarios que afirman que los administradores alargan demasiado los procesos para cobrar más y todo para, al final, terminar liquidando la sociedad.

“Es cierto. Por motivos que desconozco te encuentras con que los administradores concursales se repiten una y otra vez. Es una incercia. No se si es que muchas veces los concursos son de tal envergadura que lo que necesitan a profesionales muy determinados”, apunta Joaquín García Romanillos, socio de Gómez-Acebo & Pombo. “En mi opinión creo que la asignación a dedo de administradores sólo se da en los pequeños concursos, al existir menos transparencia que en los grandes que están todos los días en los medios de comunicación y por, por lo tanto, hay muchas miradas vigilando el proceso”, apuntan en otro despacho. Lo cierto es que, en los últimos tiempos, los jueces para evitarse problemas y ser señalados con el dedo cada vez optan más por dar los grandes concursos a las auditoras extranjeras conocidas como las big four (Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young), alegando que cuentan con mayor capacidad y solvencia para reflotar las compañías.

Tampoco ha querido ser objeto de críticas el juez Roberto de la Cruz Álvarez del juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra que instruye el concurso de acreedores de Pescadora, el más mediático e importante de 2013. El Magistrado cuando declaró la compañía en concurso el pasado mes de abril y retiró al presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa-Faro, las facultades de administración del patrimonio de la sociedad optó por poner en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) todo el control de la firma gallega. Por su parte, el organismo supervisor delegó como administrador concursal a Deloitte.

También ha jueces que han emendado la plana a otros jueces. Es caso del juez Jesús Alemany Eguidazu, que el pasado julio cesó a la administración concursal de Teconsa, poniendo en entredicho la labor del anterior magistrado que declaró el concurso, Antonio Pedreira González, y la de los abogados designados como administradores concursales, Armando Betancor y la firma acreedora Thyssenkrupr Elevadores, por «pérdida de confianza» en su gestión. Tras el cese nombró nuevos administradores a Deloitte y la Agencia Tributaria.

Teconsa, controlada por José Martínez Núñez y sus hijos, José Luis y María Isabel Martínez Parra, se declaró en concurso a finales de 2009. Prácticamente al mismo tiempo que la compañía suspendía pagos, los Martínez Núñez traspasaron el grupo a Ángel de Cabo, conocido como el ‘enterrador de empresas’, en prisión desde diciembre acusado de varios delitos en relación con el caso Marsans, por el que también ingresó en la cárcel Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE).

Alemany decidió cesar a los administradores de Teconsa por no suspender de facultades a De Cabo e incurrir en una manifiesta falta de diligencia por no informarse e informar al juzgado de aspectos relevantes para el concurso como pueden ser la quiebra de Viajes Marsans, el caso Nueva Rumasa y todas las investigaciones de la Operación Caballo de Troya sobre alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales, y de la Operación Crucero sobre descapitalización de las empresas del grupo Marsans, en las que De Cabo estaría implicado en mayor o menor medida.

“Ha habido muchísimas suspensiones de pagos y la mayoría se han gestionado con gran profesional por parte de jueces y abogados. Las irregularidades son contadas”, afirman en una firma legal. Sin embargo, la polémica en el sector legal por el escándalos concursal no cesa mientras sigue aumentando el número de empresas que se declaran en quiebra. En lo que va de año un total de 6.582 sociedades han entrado en concurso de acreedores un 26,07% más que el año pasado.

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