Durante la vista, los representantes legales de los controladores acusaron al Gobierno de aprobar de manera «unilateral» una Ley que supone una «vulneración clara y flagrante» del derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical, por lo que incurre en «un grave defecto» de inconstitucionalidad.
El abogado del Estado, en representación de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), alegó que la Ley, aprobada el pasado 15 de abril, «no va contra los controladores», sino que se aprobó para salvaguardar «el derecho fundamental de tránsito de los ciudadanos».
Los abogados de USCA, del despacho Roca y Junyent, pidieron al tribunal que eleve la demanda al Tribunal Constitucional para que estudie si la administración del Estado puede «modificar un convenio colectivo por la vía de la aprobación de una Ley», con el objetivo de evitar que se siente un precedente.
El sindicato alegó que el Estatuto de los Trabajadores impide esta modificación «sin acuerdo de las partes», por lo que tanto el Real Decreto como la Ley vulneran lo dispuesto en el artículo 53.1 de la Constitución Española en relación a los artículos 28.1 y 37.1 del mismo texto.
USCA pidió que el TC estudie si el incurrió en un fraude de Ley al aprobar un Decreto Ley acogiéndose al procedimiento de urgencia para una situación que el Ministerio de Fomento ya la conocía desde varios años atrás por lo que podía haberla corregido a través de la legislación parlamentaria. AENA defendió que el Real Decreto Ley fue aprobado por las Cortes.
El abogado de AENA negó «tajantemente» que el organismo haya excluido a USCA de la negociación colectiva, aseguró que no se han modificado las condiciones laborales y que la negociación colectiva continúa, por lo que la Ley no vulnera los derechos sindicales.
El abogado del Estado acusó a los controladores de utilizar medidas de presión encubiertas para presionar a AENA. «La historia de los conflictos provocan entre el 40% y el 50% de las bajas de los controladores», afirmó el abogado.
La representación legal de USCA acusó a AENA de utilizar el Real Decreto y la Ley para «negarse a negociar» e imponer la organización laboral de los controladores.
