La iniciativa establece que al constatarse el no pago del servicio, se aplicará una tarifa recargada y multas
La Comisión de Hacienda despachó a Sala, el proyecto que busca fortalecer las medidas de combate a la evasión en el transporte público, reforzando las herramientas de fiscalización y sanción, tanto frente al no pago de la tarifa como al uso indebido de beneficios tarifarios, además de endurecer las penas por agresiones contra conductores y fiscalizadores.
Con antelación, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones estudió la norma introduciendo una serie de modificaciones, principalmente orientadas a la notificación del infractor, las sanciones asociadas con la suspensión de la tarjeta de beneficio y el plan de planificación de los fiscalizadores que deberán establecer los proveedores del servicio.
En materia de evasión del pago de tarifas, el proyecto propone que, al constatarse el no pago, se aplique una tarifa recargada, un monto superior al valor regular. En caso de no ser pagada, el usuario deberá descender del vehículo y se le cursará la multa correspondiente.
Además, se establece un nuevo procedimiento administrativo de cobro de multas con el fin de aumentar la eficiencia en la fiscalización. Se utilizará las herramientas de la Ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI) ante la División de Fiscalización de la Subsecretaria de Transportes, buscando simplificar el proceso y facilitar el pago por parte de los usuarios.
REGISTRO DE PASAJEROS INFRANCTORES
Si el infractor no regulariza la multa tras el procedimiento administrativo, será incorporado al Registro de Pasajeros Infractores (RPI). Actualmente, esta inscripción conlleva consecuencias como la suspensión de la entrega de documentos vinculados al transporte, como la licencia de conducir o permiso de circulación y la retención de la devolución del impuesto a la renta.
La norma amplía dichas medidas incorporando la prohibición de ingreso a espectáculos de fútbol profesional, la obtención o renovación del pasaporte y del permiso de residencia. El infractos será eliminado del registro una vez efectuado el pago de la multa.
Respecto del uso indebido de beneficios tarifarios, como la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) o la Tarjeta Adulto Mayor (TAM), se contempla la denuncia ante el Juzgado de Policía Local y la retención o inutilización del instrumento. La suspensión del beneficio solo se aplicará en caso de reincidencia por parte del titular.
En materia de seguridad, el proyecto endurece las sanciones por delitos de lesiones y amenazas, extendiendo la protección penal a conductores del transporte público y a inspectores municipales. Las penas podrían alcanzar los tres años y un día de presidio, y en casos de mayor gravedad, hasta cinco años.
Por otro lado, se establece la obligación de que las bases de licitación del transporte público incluyan como requisito la instalación de cabinas de seguridad en los vehículos, con el objetivo de proteger a los conductores.
También se incorpora en la Ley de Tránsito, la prohibición del comercio ambulante en las instalaciones de Metro y EFE, permitiendo su fiscalización por parte de Carabineros de Chile, inspectores municipales y funcionarios autorizados del Servicio de Impuestos Internos.
Finalmente, se consideran otras medidas orientadas a disminuir las prácticas que facilitan la evasión, como la prohibición del ingreso por segunda puerta, salvo autorizaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y la implementación de autenticación biométrica en casos en que no sea posible identificar al infractor, mediante la verificación de datos con el Registro Civil.
