Comisión especializada aprueba en general proyecto contra la violencia gineco-obstétrica, conocida como Ley Adriana.
Tras una serie de sesiones, que incluyeron audiencias de todos los sectores involucrados, las senadoras presentes de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, respaldaron por unanimidad la idea de legislar sobre este tema.
Por unanimidad, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, aprobó en general el proyecto que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica.
La violencia obstétrica se genera con el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente. Se presenta en los lugares que prestan servicios médicos y se da en todas la esferas de la sociedad.
La gran mayoría de las mujeres son víctimas de violencia obstétrica, y no solo ello, sino que las agresiones que sufrieron pasaron desapercibidas o fueron naturalizadas por ellas a pesar de que esto las hizo sentir incómodas, inconformes e insatisfechas durante su trabajo de parto.
Es por ello que la propuesta ya se encuentra en su segundo trámite constitucional y busca erradicar la violencia gineco-obstétrica y pretende regular, garantizar y promover los derechos de la mujer o persona gestante, de la persona recién nacida y acompañante significativo.
Asimismo, avanza en garantizar estos derechos en torno a la salud ginecológica, sexual y reproductiva.
La Comisión deberá analizar el texto en general y en particular, por lo que abrió un plazo de indicaciones hasta el 09 de enero. Cabe recordar que, por acuerdo de la Sala, una vez despachado por la Comisión de Mujer, será estudiado por la Comisión de Salud.
Con todo, la propuesta se rige por los principios de dignidad en el trato, autonomía, privacidad y confidencialidad, respeto por la interculturalidad, interpretación desde los derechos humanos y transparencia de los establecimientos de salud.
Durante las sesiones, se hicieron notar aspectos como: disponibilidad de recursos humanos; disponibilidad de infraestructura; y la penalización de los equipos de salud. Asimismo, se habló de “un cambio de paradigma” en el trato, dando paso a un moldeo “más humano”, poniendo en el centro a la mujer y sus derechos.
Se hizo presente el problema de la salud mental de los profesionales y se llamó a reforzar en el proyecto el nivel de conciencia del personal, capacitación permanente y sensibilización.
Un aspecto que ha generado debate es el agravante penal que trae la propuesta; además, desde algunos sectores se argumentó que “ya existe una herramienta jurídica” que regula la materia, como son los derechos y deberes de los pacientes.
En ocasiones, las madres gestantes desconocen sus derechos, no saben cómo identificar las agresiones y no están empoderadas para tomar medidas al respecto.
Por eso, es esencial que las mujeres en estado de embarazo conozcan qué es la violencia obstétrica, cómo se manifiesta, y lo más importante: cómo denunciarla.
Para empezar, las gestantes y su núcleo familiar deben saber que, según lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), “todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud durante el embarazo y el parto, lo que incluye el derecho a una atención digna, respetuosa, competente y comprensiva”
